Es más que posible, a estas alturas y a pesar de que no escasean precisamente los ejemplos que demostrarían lo contrario, que haya todavía mucha gente del común que crea, como quien esto expone, que en democracia la mayoría de los políticos son honrados. Y, aunque algunos consideren ingenua la afirmación, ésta se argumenta en dos elementos clave: la propia decisión de la ciudadanía de votar a aquellos en los que confía y la normativa vigente en el sistema, que establece controles y obligaciones de transparencia que han ido perfeccionándose –aunque queden huecos– a lo largo del ejercicio del propio sistema de libertades.

Dicho eso, resulta también evidente que, como en cualquier otra actividad, se necesita que esos controles sean eficaces para, en caso de duda, separar el grano de la paja, aclarar lo que sea necesario y, a continuación, aplicar si procede las normas en la dirección correcta. El objetivo final es obligar al que las infrinja a cumplir o a exigirle responsabilidades y/o sancionar a quienes denuncien en falso o traten de manipular datos con intención, más que de servir al bien público, obtener ventajas de algún tipo mediante marrullerías. Lo que viene a cuento de la noticia, de agencia, según la cual hubo debate en la Mesa del Parlamento de Galicia acerca de los bienes del ex/presidente Feijóo.

Según esa fuente, citada por este periódico, la discusión entre la mayoría, del PP, y la oposición –BNG y PSdeG/PSOE– se produjo a causa de la declaración de bienes realizada por el ex/presidente de la Xunta al ingresar en la Cámara Alta. Los datos que esa agencia maneja como hechos hacen referencia a que existe una importante diferencia entre su última declaración en Galicia y la primera como senador. Y, sin la menor intención de hacer un juicio de intenciones, que no corresponde a quien opina, sí procede afirmar la convicción de que el asunto tiene una trascendencia electoral evidente, y debe ser explicado de inmediato por el afectado, que es el ahora presidente del PP.

No se trata de invertir la carga de la prueba ni mucho menos aceptar sin más la exactitud de cuanto se denuncia por la oposición gallega. Ocurre que, habida cuenta de cómo se abordan estas cuestiones en la España de hoy, a nadie sorprendería que, pese a que en su caso se demostrasen sin fundamento las afirmaciones, sirviesen para comenzar lo que muchos se temían: una campaña contra quien constituye una amenaza contra el actual stablishment político. La estrategia, repetida aquí desde todas partes, es “disparar” –dialécticamente, claro– al rival sin que importe el acierto: lo que se busca es el ruido y el daño.

En todo caso, conviene insistir en que es necesaria una explicación, y cuanto antes mejor. El debate, según la agencia que difundió la noticia, en la Mesa de la Cámara gallega se saldó con aritmética gracias a la mayoría absoluta del PPdeG. Esto es válido, pero su argumento principal, que la cuestión “no procede” porque don Alberto ya no es diputado, quizá sea reglamentariamente exacta, pero políticamente no basta. Por una razón sobre otras: la ciudadanía no merece que se juegue con la credibilidad de la gente honrada, incluyendo a quienes ejercen la actividad pública y que en este caso, y desde la opinión personal, lo es. Aquí ya hubo bastantes víctimas de la injusticia y la sospecha infundada como para tropezar otra vez en las mismas piedras. Pero hay unas ley, la de Transparencia, que debe cumplirse, en su letra y en su espíritu, que impone la investigación cuando se duda. Aunque no se concibió para fomentar el descrédito sin base: fue para evitar que la política se practicase en charcos de lodo.

Es más que posible, a estas alturas y a pesar de que no escasean precisamente los ejemplos que demostrarían lo contrario, que haya todavía mucha gente del común que crea, como quien esto expone, que en democracia la mayoría de los políticos son honrados. Y, aunque algunos consideren ingenua la afirmación, ésta se argumenta en dos elementos clave: la propia decisión de la ciudadanía de votar a aquellos en los que confía y la normativa vigente en el sistema, que establece controles y obligaciones de transparencia que han ido perfeccionándose –aunque queden huecos– a lo largo del ejercicio del propio sistema de libertades.

Dicho eso, resulta también evidente que, como en cualquier otra actividad, se necesita que esos controles sean eficaces para, en caso de duda, separar el grano de la paja, aclarar lo que sea necesario y, a continuación, aplicar si procede las normas en la dirección correcta. El objetivo final es obligar al que las infrinja a cumplir o a exigirle responsabilidades y/o sancionar a quienes denuncien en falso o traten de manipular datos con intención, más que de servir al bien público, obtener ventajas de algún tipo mediante marrullerías. Lo que viene a cuento de la noticia, de agencia, según la cual hubo debate en la Mesa del Parlamento de Galicia acerca de los bienes del ex/presidente Feijóo.

Según esa fuente, citada por este periódico, la discusión entre la mayoría, del PP, y la oposición –BNG y PSdeG/PSOE– se produjo a causa de la declaración de bienes realizada por el ex/presidente de la Xunta al ingresar en la Cámara Alta. Los datos que esa agencia maneja como hechos hacen referencia a que existe una importante diferencia entre su última declaración en Galicia y la primera como senador. Y, sin la menor intención de hacer un juicio de intenciones, que no corresponde a quien opina, sí procede afirmar la convicción de que el asunto tiene una trascendencia electoral evidente, y debe ser explicado de inmediato por el afectado, que es el ahora presidente del PP.

No se trata de invertir la carga de la prueba ni mucho menos aceptar sin más la exactitud de cuanto se denuncia por la oposición gallega. Ocurre que, habida cuenta de cómo se abordan estas cuestiones en la España de hoy, a nadie sorprendería que, pese a que en su caso se demostrasen sin fundamento las afirmaciones, sirviesen para comenzar lo que muchos se temían: una campaña contra quien constituye una amenaza contra el actual stablishment político. La estrategia, repetida aquí desde todas partes, es “disparar” –dialécticamente, claro– al rival sin que importe el acierto: lo que se busca es el ruido y el daño.

En todo caso, conviene insistir en que es necesaria una explicación, y cuanto antes mejor. El debate, según la agencia que difundió la noticia, en la Mesa de la Cámara gallega se saldó con aritmética gracias a la mayoría absoluta del PPdeG. Esto es válido, pero su argumento principal, que la cuestión “no procede” porque don Alberto ya no es diputado, quizá sea reglamentariamente exacta, pero políticamente no basta. Por una razón sobre otras: la ciudadanía no merece que se juegue con la credibilidad de la gente honrada, incluyendo a quienes ejercen la actividad pública y que en este caso, y desde la opinión personal, lo es. Aquí ya hubo bastantes víctimas de la injusticia y la sospecha infundada como para tropezar otra vez en las mismas piedras. Pero hay unas ley, la de Transparencia, que debe cumplirse, en su letra y en su espíritu, que impone la investigación cuando se duda. Aunque no se concibió para fomentar el descrédito sin base: fue para evitar que la política se practicase en charcos de lodo.