Memoria y democracia

El pasado pesa, y mucho, en la organización de las sociedades y en el comportamiento de los individuos, aunque no podamos precisar cuánto, cuándo y cómo. En realidad, determinar con exactitud la influencia de la historia en nosotros es tarea imposible. Pero tenemos indicios sobrados para asumir que, de una manera u otra, lo que hacemos guarda una relación estrecha con la obra de nuestros antepasados, remotos y cercanos. Esto nos empuja a considerar necesario el conocimiento histórico, más que un producto de la mera curiosidad. Queremos saber del pasado porque, en unos casos, nos guía sin que seamos conscientes de ello y, en otros, la conciencia histórica orienta los pasos que damos. En fin, saber del pasado es imprescindible para comprender la experiencia colectiva de nuestra vida diaria. La Transición no puede explicarse sin tener en cuenta el recuerdo presente a la muerte de Franco de los avatares políticos de los españoles en la época contemporánea, y particularmente de la Guerra Civil. Nos conviene, por tanto, respetar la historia y hacer uso de ella con prudencia.

El pleno del Congreso aprobó el jueves el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Votaron a favor 173 diputados, en contra 159 y se abstuvieron 14. No emitieron su voto 3 diputados, entre ellos Gabriel Rufián. Dieron el sí los diputados que apoyan al Gobierno, excepto los de ERC, el diputado de BNG, el de Teruel Existe, la diputada prófuga de Unidas Podemos, que se abstuvieron, más el diputado del PRC, que se opuso, y las dos diputadas de Coalición Canaria. Votaron en contra los grupos y diputados de la oposición. Debe anotarse que el grupo de ERC mantuvo en el trámite parlamentario una enmienda a la totalidad, presentó un texto alternativo, y que, de haber votado en contra, el proyecto de ley hubiera sido rechazado. Es un hecho que no hay consenso sobre la memoria democrática en la democrática España. Puede decirse que en esta cuestión, cuya relevancia no debe ignorarse, el Congreso está dividido en tres.

El propósito declarado por el Gobierno es muy democrático. Consiste en rescatar del olvido la tradición democrática de nuestro país, reparar a los demócratas que han sufrido la represión del régimen franquista y promover el arraigo de una cultura democrática en torno a la Constitución vigente. Para aplicar la ley de forma coherente, habrá que definir lo que es democrático y lo que no, e identificar a los demócratas y a los que no lo fueron en la política española. Desde luego, los grupos que se han pronunciado a favor de la ley han manifestado al respecto criterios divergentes. Íñigo Errejón afirmó en su defensa, dirigiéndose a la bancada de la derecha, que “esta no es una ley sobre las víctimas de ETA. Esta es una ley sobre la memoria de las víctimas del golpe de estado y de los cuarenta años de dictadura”. Sin embargo, al texto aprobado se ha incorporado una disposición adicional con el objetivo de investigar la vulneración de derechos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983. Y hay que recordar que en esos años en torno al 80% de los fallecidos a causa de la violencia política fueron víctimas de ETA.

"La pretensión de hacer la ruptura medio siglo después es injusta con los que lograron asentar la democracia, es un error mayúsculo porque va a contracorriente de la historia"

La ley, en general, se tambalea sobre arenas movedizas. El artículo cuarto incorpora a la ley el reconocimiento de la represión y persecución padecidas por las lenguas minoritarias y cita, además de las consabidas, la aragonesa, la occitana y la asturiana.

Cultivar y difundir el conocimiento histórico con el fin de fortalecer el apego a la democracia es algo distinto, más ambicioso y fructífero, que saldar la deuda pendiente con aquellos que lucharon por la democracia bajo la dictadura, con lo que esto significa como acto de justicia y gesto de dignidad moral. Los historiadores están de acuerdo en que la democracia española, con sus virtudes y sus defectos, nació del régimen de Franco. Aunque tenga notables parecidos, no es una reencarnación de la II República. Sus posibilidades son infinitas y están en nuestras manos. La pretensión de hacer la ruptura medio siglo después es injusta con los que lograron asentar la democracia, es un error mayúsculo porque va a contracorriente de la historia y puede provocar efectos indeseables.

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