Este país, como tal, tiene una deuda con los familiares de las víctimas del naufragio, y con quienes murieron dentro o fuera del Villa de Pitanxo. Y la tiene no ya por las responsabilidades que a sus representantes, en nombre del común, deben exigir –en el caso de que las haya–, a quien decidan los tribunales, sino para reclamar una investigación acerca de si se cumplieron o no las reglas obligatorias, si las inspecciones debidas se realizaron y, en definitiva, todo cuanto un buque, su armador, su capitán y su tripulación estaban en las debidas condiciones para afrontar en este caso, las tareas que le correspondían en aguas siempre peligrosas, y más aún cuando la meteorología eran muy duras.
Los hechos, y las incógnitas, de aquella terrible jornada llevaron a la Justicia a abrir un proceso que, como cualquier persona sensata supondrá, necesita pruebas –testificales, pero también materiales– probablemente en el interior o en el exterior del pecio. Y eso hace obligado acceder, o intentarlo, al barco hundido para llevar a cabo las tareas que resulten precisas. Pero no es cuestión de exigir lo inútil: eso no es lo que piden las familias de las víctimas que, por cierto, han sido tratadas por la política y la burocracia gubernamentales como si se tratase de personas que acuden –tras mucho insistir– no a reclamar un certificado de defunción y les responden con un “vuelva usted mañana”.
La narración del vía crucis de esas familias, a cargo de su portavoz doña María Xosé Dopazo –huérfana de padre, fallecido en el naufragio– forma parte de un relato de incumplimientos hecho por un marinero superviviente y de la insensibilidad de esta Administración. Para vergüenza de sus responsables y con excepciones muy notables, reconocidas expresamente por los familiares de las víctimas: el Rey don Felipe VI, el presidente de la Xunta y la conselleira de Pesca, que fueron más allá de entender el dolor para ayudar, y reclamar, la atención y necesidades de las personas. Pero, sobre todo, lograr lo más urgente: bajar al pecio y aportar datos imprescindibles para conocer los hechos.
Lo del Gabinete del señor Sánchez es diferente. Siempre siguiendo el relato de la portavoz del colectivo de familiares, el Gobierno y su presidente personifican esa deuda “de país”, o quizá de Estado, que ningún motivo puede justificar. Y don Pedro es un represente de la democracia y de un sistema que a veces parece deshumanizado. Le corresponde por ello, al menos desde una opinión personal, cumplir ante todo con la promesa que hizo en el aeropuerto de Santiago cuando recibió a los tres supervivientes y los siete cadáveres rescatados de otros tantos tripulantes: “hacer lo posible y lo imposible” para dar satisfacción a las peticiones de los otros afectados directos por la tragedia.
Cumple, antes de rematar el punto de vista, recordar que frente a la casi obscena terquedad del entorno gubernamental de negarse a intentar siquiera la tarea de bajar al pecio, personas o drones, para confirmar o negar parte de lo ducho por el pescador superviviente y buscar en lo posible los catorce cadáveres que faltan por rescatar hay ya respuestas. Especialistas noruegos y autoridades canadienses se ofrecieron para ello, pero no ha habido respuesta de quien debería. Por eso ha de extenderse el citado alcance de la deuda: no es solamente “de país”, es también con todas las gentes del mar de Europa. Por lo menos.
