A medida que se suceden los acontecimientos que demuestran que para algunos –y no sólo el Gobierno del señor Sánchez–, España termina en Pedrafita por el norte y el Padornelo algo más abajo, los argumentos que lo discuten se caen solos. Y aunque para muestra baste un botón, es mejor añadirle alguno si lo hay, cosa que aquí y por desgracia es habitual. Por eso se habilitan dos, las más recientes: la primera, la nueva Ley de Costas, que el Gobierno central ha concluido ante el rechazo de todos los partidos políticos gallegos, buena parte del empresariado y en general, la gran mayoría de quienes tienen alguna relación con los asuntos marítimos en el Noroeste y más allá...
Ante el jaleo, desde el entorno gubernamental, y como es costumbre, se hizo una llamada al diálogo –después de tomada la decisión–, que para la mayoría de los ministros consiste en decir “amén” a lo que proponen, aunque no siempre exigen que se diga en posición genuflexa. La Xunta de Galicia reclamó, por su parte, la asunción de las competencias sobre el litoral de la comunidad, algo que tiene ya Andalucía y, por supuesto, los dos archipiélagos españoles. No ha motivado que el Ejecutivo que preside don Alfonso Rueda haya encargado, o vaya a hacerlo de inmediato, a una comisión independiente un informe sobre la cuestión, que no discute la soberanía, sino la mera capacidad de actuar.
(Desde una opinión personal, sólo hay algo discutible en la decisión de la Xunta. Se trata de insistir en que la “independencia”, como la objetividad y la profesionalidad a modo de garantía debiera ser de oficio una referencia a los funcionarios autonómicos; superada ya la época en que los “enchufes”, las recomendaciones o simplemente las simpatías políticas abrían las puertas, Es por ese motivo, aunque podrían esgrimirse otros, por lo que desde un punto de vista particular, los asuntos de Galicia los conocen a fondo sus funcionarios. Acudir a una gestión “independiente” puede parecer desconfianza, y esa apariencia leerse de modo torticero. Y la prudencia es madre de la ciencia.)
El segundo de los “botones” que se manejan a modo de argumento de la tesis que se defiende es, a su vez, doble: el Gobierno está abierto, en teoría, a conversaciones con la Xunta de Galicia para resolver los espinosos problemas derivados del hundimiento de un viaducto en la A-6, pero por el momento no ha recogido propuesta gallega alguna, ni siquiera la petición, elemental, de que se investiguen las causas del desplome. Y viene a cuento: la Portavoz Nacional del BNG preguntó si existía la posibilidad de que el caso formase parte del escándalo de las empresas de construcción que durante un cuarto de siglo burlaron los controles del Estado, si es que los había. Y merece respuesta.
Algo parecido sucede con el caso de los trenes que deben cerrar de una vez la cuestión del AVE Madrid-Galicia tras veinte años largos de dimes, diretes y fantasías. La ministra de Transportes prometió una solución “rápida” pero ése es, como sabe muy bien la población, un concepto muy relativo, sobre todo si se pronuncia desde el Gobierno, cualquiera que sea. A lo largo del tiempo transcurrido, sólo las obras de infraestructura se acometieron más o menos dentro de plazo en el Levante peninsular, que ha gozado de privilegios especiales que sus destinatarios no siempre supieron utilizar, pero ése es otro asunto. Y por si alguien hubiera disconforme con los que se definen “privilegios”, otro “botón” de muestra: la citada A-6, fue objeto de retraso y suspensión de obras para dar prioridad a la Madrid-Valencia en el polémico paso por el embalse de Contreras. Hay argumentos, ¿verdad?
