Es habitual en los procesos de normalización democrática tras una dictadura que haya dos fases: una primera en la que para posibilitar el cambio prevalece el borrón y cuenta nueva (leyes de “punto final”), y otra en la que los hijos de la democracia restaurada revisan, ya sin peligro de vuelta atrás, lo pactado por sus padres. Hay algo de eso en la Ley de Memoria Democrática. Aunque se intente dejar indemne la bondad de la Transición, emite un efluvio revisionista que para unos será aromático y para otros apestoso. Es verdad que la resistencia del franquismo remanente a asumir cosas tan evidentes como la eliminación de los símbolos que lo ensalzan o la recuperación de los restos y la memoria de sus víctimas justifica una reafirmación de la dignidad democrática. Pero intentar borrar de un plumazo una Guerra Civil y 40 años de régimen de los vencedores sería un ejercicio de ilusionismo.
