Mucho me temo que, una vez más, la Comisión Europea se enfrenta a un nuevo periodo de “pérdida de inocencia” ante una realidad que se nos presenta complicada. Se supone que la Comisión es el estamento comunitario que actúa como garante de los Tratados, aporta la visión estratégica europea en una estructura conformada también por unos Estados que tienen sus intereses particulares, que se reflejan en el Consejo, y por una ciudadanía que tiene sus opiniones, que se reflejan en el Parlamento. Pero en ningún caso la Comisión es la conciencia de Europa.
El riesgo de una institución con una visión tan teórica como la Comisión es la pérdida del contacto con la realidad. Por eso la Comisión tiene limitadas sus capacidades ejecutivas por procedimientos como la co-decisión . En un principio, la Comisión propone y las decisiones se adoptan mediante un acuerdo con el Consejo y el Parlamento. En casos excepcionales, la Comisión dispone de un mecanismo denominado Acto de Ejecución que simplifica el proceso. Pero es algo que no vale siempre, ni vale para todo.
En esa visión teórica de Europa, la Comisión vela por el cumplimiento de los grandes planteamientos estratégicos, como es el caso del desarrollo sostenible y la transición ecológica. Pero no puede olvidar que la UE está formada por Estados diversos, con sus propias necesidades estratégicas, y por una ciudadanía cuyo bienestar se debe salvaguardar.
El intento de la Comisión Europea de forzar con un Acto de Ejecución el Reglamento de Aguas Profundas que prohíbe la pesca en 94 zonas del Atlántico Norte supone una perversión de sus atribuciones. La Comisión no debe utilizar el mecanismo excepcional del que dispone para saltarse el procedimiento ordinario.
Y mucho menos debe hacerlo cuando tiene el mandato de reformar la Política Pesquera Común (PPC) dentro de unos meses. Ya sabemos que a la Comisión le gusta la PPC actual, absolutamente condicionada por los objetivos medioambientales y por las exigencias impuestas en su momento por el Reino Unido cuando firmó su adhesión.
Pero la realidad ha cambiado tanto que hay razones suficientes como para analizar un nuevo planteamiento. Por una parte, la amenaza de un nuevo paso hacia atrás en el estado de bienestar y el riesgo elevado de recesión hacen necesario replantear prioridades. En situaciones como esta toma sentido la obligación de afrontar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, pero también desde los puntos de vista social y económico. Porque si no se logra un equilibrio avanzaremos cara a una sociedad más preocupada por la subsistencia en el día de hoy que por la visión a medio y largo plazo que nos exigen los objetivos medioambientales.
Por otra parte, el propio entorno de la PPC ha cambiado. El Estado que más condicionó esta política (con el argumento de “frenar” los intereses de la “armada invencible”, que fue como llamaron a la flota pesquera española) ha dejado de formar parte del club.
Por otro lado, la situación económica nos obliga a avaluar con otra visión los efectos sociales y económicos de las medidas que se adoptan. En el caso de la prohibición de la pesca en aguas profundas, o en las zonas de transición en los límites de la plataforma continental, no se puede pretender hacerlo sin tener en cuenta las características de cada flota o el hecho de que no hay artes de pesca malas (al menos entre las permitidas en la UE), sino que puede haber, en todo caso, un uso irresponsable de las artes de pesca. Y, para evitar la necesidad de aplicar siempre el enfoque de precaución, es necesario avanzar en el conocimiento del medio. La Comisión no puede ampararse y fomentar el desconocimiento, sino que debe tratar de reducir las incertidumbres. Pero de eso no habla nunca.
En la situación actual, lo razonable sería que la Comisión anunciara el inicio del procedimiento para la reforma de la PPC y su adaptación a las nuevas realidades. Y activar los procedimientos de consulta (con los científicos, con los sectores afectados, con la ciudadanía…) y los procedimientos de toma de decisiones (con el Consejo y con el Parlamento). Y, una vez revisado y actualizado el marco normativo (que es la PPC que debe estar reformada en 2023) es cuando corresponde adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con ese nuevo documento. La Comisión, en este caso, ha actuado despóticamente al evitar los cauces democráticos con el pretexto de pretender “hacerlo por nuestro bien”.
*Senador del PP
