Sin médicos y sin cogobernanza real

El anuncio del Gobierno central de hacer fijos a 67.300 profesionales de la sanidad, que acumulan contratos temporales desde hace años, es una de las medidas más necesarias para acabar con la precariedad en un sector, el sanitario, cuyo esfuerzo fue esencial para afrontar la pandemia del COVID y que es imprescindible para la mejora de nuestro sistema de bienestar. Esta medida, que viene impuesta por Bruselas dentro del plan de estabilización laboral en el sector público, no es suficiente, sin embargo, para paliar los déficits de la sanidad pública española, que sigue requiriendo de muchos más profesionales de los que actualmente tiene contratados para atender las necesidades de la población. Pero, bienvenida sea para dar estabilidad laboral a esas decenas de miles de médicos, enfermeros y demás profesionales de la sanidad, que precisan, más incluso que otras profesiones, seguridad en el ejercicio de su trabajo y el debido reconocimiento, también salarial, a su labor.

En una entrevista periodística en la que anunció el decreto aprobado esta semana, el presidente del Gobierno aseguró que se habían pactado con las comunidades autónomas los criterios comunes de esta decisión. No obstante, la medida, que debe aplicar cada autonomía en el ámbito de sus competencias, ha causado recelo entre los gobiernos de las comunidades, porque esa coordinación que avanzó Pedro Sánchez no parece tal, hasta el punto de que comunidades como la de Galicia aseguran que el Gobierno no lo ha hablado con ellas. En las comunidades reprochan a Sánchez que quiera apuntar en el haber del Ejecutivo central el tanto de una iniciativa que algunas autonomías estaban pactando ya con las centrales sindicales en su ámbito territorial.

“Las comunidades, que son las que tienen las competencias, deben rendir cuentas por su gestión, pero menospreciarlas, no tenerlas en cuenta, no ayuda a una cogobernanza real”

Estaríamos ante un caso más de desconsideración, producto probablemente de las prisas del Gobierno por anunciar la iniciativa tras el fiasco electoral de la izquierda en las elecciones andaluzas. Esa necesidad de recuperar posiciones no solo no justifica que se apropie de competencias que están transferidas, sino que además le añade frivolidad a la manera de afrontar un asunto tan grave como es la altísima precariedad de los trabajadores sanitarios en el sistema público, que supera el 40% de temporalidad. Y no es este un problema que se deba abordar desde la frivolidad, ni que se pueda improvisar, ni mucho menos que se pueda decidir de espaldas a las comunidades. Se debe, eso sí, coordinar con ellas para evitar, por ejemplo, que la temporalidad se prolongue en unos territorios mientras se corrige en otros. De la propia experiencia de la pandemia el Gobierno debería haber extraído la lección de que no se puede gobernar sin las comunidades ni contra las comunidades. Muy al contrario, la estructura del Estado exige la cogobernanza, tan cacareada cuando tras el confinamiento se dejó en manos de las comunidades decidir toques de queda, confinamientos perimetrales u horarios de la hostelería, pero olvidada en tantas otras ocasiones.

La verdadera realidad es que la falta de profesionales médicos en atención primaria se ha convertido en un problema gravísimo no solo en Galicia, también en el conjunto de España. Galicia afronta el verano con lo justo, siendo muy indulgentes. Lleva meses con las listas de sustituto a cero. Así las cosas, las medidas internas aplicadas por el Sergas para paliar esta carencia extrema solo pueden ser parches insuficientes. Pero no solo está tensionada la atención primaria; también es crítica la situación en otros servicios como en medicina interna. La Xunta viene de urgir al Gobierno la convocatoria de mil plazas MIR para poder tener médicos que cubran las vacantes. Aunque haya también otras causas detrás de los conflictos, que para la oposición gallega tienen que ver directamente con una mala gestión propia de la sanidad, el déficit de facultativos constituye un problema estructural, crónico, que afecta a la mayoría de las comunidades.

Galicia y País Vasco impulsaron esta semana un manifiesto remitido al Ministerio de Sanidad en el que reclaman medidas de choque urgente para formar y contratar más profesionales. A ese manifiesto se han sumado ya otras cinco autonomías, Andalucía, Cataluña, Murcia, Castilla y León, y Madrid ninguna del PSOE. También la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha llamado al resto de las regiones a secundarlo con un grito descarnado: “o nuestros líderes políticos toman medidas drásticas e inmediatas o en breve la sociedad española se quedará sin médicos en los centros de salud”.

En este momento en que Sánchez intenta marcar la agenda política frente al efecto Feijóo, que hace ganador al PP en todos los sondeos, el presidente debe ser especialmente cuidadoso en mantener una buena colaboración con las comunidades, estén estas gobernadas por el PSOE, el PP o por partidos nacionalistas. Sin ninguna duda, las comunidades deben rendir cuentas por su gestión. Pero menospreciar a las autonomías no ayuda a una cogobernanza real, ni le permitirá crecer en esos territorios, simplemente ganarse la animadversión de los ejecutivos autonómicos que sienten invadidas sus competencias y se ven, cuando menos, cuestionados en su gestión.