Opinión | Crónica Política
El encuentro
Es una buena noticia, se mire como se mire, la que acaba de publicar este periódico acerca de la unidad de criterio de Xunta y los municipios afectados en algo tan importante como la cuestión del transporte de pasajeros y la reforma de itinerarios que anunció el Gobierno a escala estatal. Cierto que algunos podrán alegar, y acaso con razón, que no es positivo alegrarse por algo que en definitiva no es sino una protesta, pero aún aceptando que sería mejor una ovación si hubiere decisión favorable para este Reino, esa hipótesis es tan remota –lo de la decisión “pro”– que más valdría conformarse con, al menos, una convergencia de criterios entre los poderes autonómico y locales.
Claro que eso resulta muy difícil, con franqueza, porque los ayuntamientos padecen una miopía que lleva a aprobar o rechazar la cooperación con otros o la Xunta no tanto en función de los intereses de los vecinos cuanto de las siglas a las que pertenecen, solos o en compañía de otros, los gobiernos municipales. No es un mal de la democracia, conste: solo de algunos de los que la usan, lo que resultas una lástima porque, de trabajar en común, mostrarían músculo. Algo siempre bueno para los intereses generales, especialmente los que se refieren a la gente corriente; y nunca mejor dicho porque esa cuestión es a ella a la que más perjudica.
Está claro que el segmento social con una mayor capacidad económica no depende tanto del transporte público ya que dispone de recursos para sustituirlo cuando fuere menester. Aparte de que contra lo que se protesta es la eliminación de las rutas habituales que afectan a más de una veintena de concellos, la gran mayoría ubicados en la llamada Galicia “vaciada” que, por eso, no suponen rentabilidad para las empresas concesionarias de las líneas que se suprimen. Desde el punto de vista económico puede llegar a entenderse la actitud, pero no a compartirse: en el fortalecimiento de la habitabilidad y la convivencia hay un interés social, general, cuya atención ha de serse contempla en los concursos.
Conste que no se alude a algo irregular, y menos aún ilegal, sino simplemente a métodos complejos para hacer atractivo el servicio. Y que son necesarios, porque la supresión que plantea el Gobierno del señor Sánchez, y que afecta a toda España, no contribuye precisamente a impedir el “vaciado territorial” que aumenta de día en día. Aquí, en este Reino, esa afección es tanto peor cuando que las comunicaciones por vía terrestre, en carretera o ferrocarril, son buenas entre varias grandes ciudades y algunas villas medias, pero el laberinto de carreteras provinciales y autonómicas, y buena parte de las estructuras ferroviarias, dejan mucho que desear: faltan mantenimiento y recursos.
Ese deterioro –que “justifica” el anuncio de peajes en las autovías– contribuye, desde hace demasiado tiempo, a que los efectos de ese defecto aíslen de hecho a demasiados lugares y poblaciones del interior. Por eso, entre otras razones, resulta inaceptable el proyecto del Gobierno que preside don Pedro: porque dejaría a la población incomunicada allí donde se necesita más la sensación de que alguien se acuerde de sus habitantes. Por desgracia, y como queda dicho, aquí el interés partidista supera casi siempre al común: quizá por eso la oposición actual solo ha llegado al poder democrático durante seis años, más o menos, sobre un total de cuarenta y uno.
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