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Faro de Vigo

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Luis Carlos de la Peña

Precios y militarismo

El verano anuncia un notable incremento del turismo y, en consecuencia, del empleo y del consumo asociados. El PIB reflejará esta realidad con una mejora, tanto en el segundo como en el tercer trimestre del año. El INE, favorecido también por el reciente relevo político en su cúpula, ayudará a endulzar los datos de estos meses: el Gobierno no quiere más noticias negativas hasta que estas sean ya inocultables.

Anticipándose a los economistas y a los políticos, la calle es consciente de que una vez transcurrido el verano la situación se deteriorará inevitablemente. El precio de la luz, del gas, los carburantes y la cesta de la compra son evidencias cotidianas percibidas por las economías domésticas y empresariales encendiendo, ahora sí, las alarmas respecto del elevado endeudamiento público. La confianza y certidumbres ante el próximo futuro están a la baja.

Los incrementos de precios no serán un estímulo para que las empresas realicen nuevas inversiones productivas y, en consecuencia, se produzca un aumento de la oferta. Existen demasiadas incertidumbres, entre ellas los cuellos de botella en los suministros y el parón en Alemania, atenazada por el bloqueo del gas proveniente de Rusia y las dificultades para implementar las fuentes energéticas alternativas. En consecuencia, lo más probable será un aumento del desempleo lo que, sumado a la subida de tipos de interés del BCE y el encarecimiento del crédito a consumidores y empresas, nos asome a una, en principio, leve recesión.

El Nobel de Economía, Paul Krugman, reconoce que “se han subestimado estrepitosamente los riesgos de inflación”, aseveración que no se ha escuchado hasta ahora en boca de Nadia Calviño o del presidente Sánchez, para quienes la inflación sería, al menos hasta hace unas semanas, un fenómeno de carácter coyuntural. Esta infantil pretensión de escamotear la realidad recuerda demasiado al tándem Zapatero-Solbes de 2008, en vísperas del estallido de la burbuja inmobiliaria y el cierre anticipado de su ciclo político.

Es difícil prever la duración de esta ola inflacionaria. Con la información actual parece prudente pensar en que la sufriremos al menos a lo largo del próximo año. ¿Y qué se puede hacer? No existen panaceas, pero el consenso ofrece dos medidas: la primera de ellas, retirar el descuento universal al consumo de gasolinas, limitándolo a los sectores profesionales del transporte; y la segunda, indiciar las rentas no a los incrementos de precios actuales sino a los esperados en el futuro.

Inflación, desempleo y recesión conforman una vía estrecha y peligrosa que afrontaremos tras el verano. Excedernos en las medidas de control de los precios acentuaría la pérdida de empleos y el enfriamiento de la economía; confiarlo todo a la “disciplina natural de los mercados”, agravaría los desequilibrios además de no figurar ahora entre las recetas de la política europea o del BCE. Mantener –bajo observación– las medidas hasta ahora adoptadas, en particular, las subidas en los tipos de interés y reforzar la prudencia en las políticas de rentas (salarios, pensiones e incluso los beneficios empresariales) son quizá las opciones menos dañinas. Y todo ello en la perspectiva de una guerra larga en Ucrania y la escalada militarista sellada en la cumbre de la OTAN.

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