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Faro de Vigo

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‘USA’: decaen los derechos

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, formado por nueve miembros que tienen un mandato vitalicio, muy escorado hacia la derecha por los nombramientos de Trump, ha devuelto a los estados federados la potestad de regular el aborto, cancelando una famosa sentencia de 1973, Roe contra Wade, que generalizaba el derecho de interrumpir el embarazo a toda la población invocando la enmienda 14 de la Constitución americana. En otras palabras, los máximos intérpretes de la legalidad han eliminado la protección de que disfrutaba ese derecho, por lo que prácticamente todos los estados gobernados por el Partido Republicano proscribirán el aborto e impondrán duras sanciones a las mujeres que lo practiquen. Lógicamente, cabe esperar que vuelvan los abortos clandestinos, y con ellos, la desolación y la muerte.

La mencionada enmienda 14 sirve para garantizar algunos derechos que no están explícitamente mencionados en la Carta Magna de los Estados Unidos pero que se hallan “profundamente arraigados en la historia y tradición” o son “implícitos en el concepto de libertad exigida”, como estableció el fallo Washington contra Glucksberg, de 1997. Por ejemplo, la enmienda 14 fue esgrimida para prohibir la segregación racial en los colegios públicos en el caso Brown v. Board of Education. Y asimismo, se ha utilizado para amparar los derechos LGTBI.

La cuestión del aborto es sumamente sensible porque se entremezcla con las convicciones religiosas y morales de la ciudadanía. De lo que no hay duda es de que la permisividad a este respecto tiene un respaldo claramente mayoritario en los Estados Unidos (el 61% de los norteamericanos lo apoyan, según una encuesta de Pew Research), por lo que, una vez extendido un derecho moral es cuando menos una grave arbitrariedad reprimirlo con argumentos meramente jurídicos, revisando sentencias anteriores para dictar otra nueva.

"Cabe esperar que vuelvan los abortos clandestinos, y con ellos, la desolación y la muerte"

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Una vez consolidada la norma con el tiempo –hace casi medio siglo que se promulgó–, la lucha contra el aborto por parte de quienes legítimamente se oponen a él debería limitarse al terreno de la ética y la pedagogía. Es lícito, por ejemplo, que los militantes antiabortistas traten de disuadir a las mujeres que se disponen a abortar mediante ayudas que les faciliten la maternidad. O es incluso razonable que incluyan esta proscripción en sus programas para intentar que una mayoría del Congreso revierta la ley vigente.

Porque el problema es que esta decisión de un grupo de santones abre la puerta a una reversión de toda la apertura moral que han experimentado los Estados Unidos desde la promulgación de su Constitución, en 1787. Peligran los derechos de las minorías sexuales, e incluso los de las minorías étnicas. Peligra, en fin, el destino de una sociedad moderna e integradora, que ha sido hasta hoy la proa de la cultura de la tolerancia, en un sentido político pero también cultural y estético. Hollywood, sin ir más lejos, ha sido maestra sentimental de muchas generaciones de espectadores en todo el mundo.

En definitiva, este encontronazo de la democracia americana con una adversidad que viene de lejos –el conflicto de USA con su identidad estalló cuando el sistema fue incapaz de impedir que un paranoico como Trump alcanzara la Casa Blanca– pone de manifiesto que no está resuelto en nuestros regímenes el debido equilibrio entre el poder judicial y el legislativo, que en USA representa, junto al presidente, la soberanía popular. El Tribunal Supremo USA, una institución que ha sido modélica en muchos aspectos, nunca debería ser utilizado para reprimir avances sino para extender ventajas y derechos. La larga integración de los esclavos negros en la sociedad nacional, que llegó incluso a ser dirimida en una guerra civil en que perdieron los racistas, no puede ahora ser testigo de un retroceso represor que confine la libertad en las sacristías y a los gais en el armario.

Estas evidencias tienen también aplicación a España, donde nuestro Tribunal Constitucional, desacreditado por ciertas incorporaciones y por la indolencia con que lo tratan los partidos, no ha sido implementado para que ejerza una censura puritana de nuestros usos y costumbres sino para que tutele positivamente nuestras libertades, nos defienda de los poderes excesivos y nos mantenga a salvo de la arbitrariedad.

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