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Opinión

Alberto Vaquero García* // María Cadaval Sampedro**

Fondos europeos: avisos para navegantes

Los fondos Next Generation EU se han creado para transformar las economías comunitarias tras la pandemia. De los 750.000 millones de euros, España tiene inicialmente asignada unos 69.000 millones a fondo perdido y algo más de esa cantidad en forma de créditos blandos para recuperar y transformar su modelo productivo. El objetivo es afianzar una economía más sostenible, digital y resiliente ante las crisis y con mayor protección social. A día de hoy todavía se desconoce la cantidad exacta que dispondrá España y, menos aún qué porción le corresponderá a Galicia. Hasta el momento se han aprobado cerca de una docena de PERTEs o proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que abarcan sectores estratégicos tan importantes como la cadena agroalimentaria, la salud, la digitalización, el desarrollo aeroespacial, la producción de chips, el automóvil o la economía de los cuidados. Una inversión pública que, se prevé, supere los 30.000 millones de euros, con la intención de atraer, al menos, otros tantos millones de capital privado. España es uno de los países que más desembolsos europeos ha solicitado, si bien, se aceleran las quejas empresariales ante cierta opacidad y lentitud del proceso que, se promete, dinamizar tras el verano.

Para entender realmente qué está pasando con la ejecución de los Fondos Next Generation es necesario tener en cuenta una serie de factores estructurales y condicionantes que explican la efectividad de estos recursos, tal y como hemos abordado en el último número de la revista Administración & Ciudadanía, que edita la EGAP.

España fue uno de los países miembros de la UE con menor capacidad de ejecución y gestión de los fondos ordinarios procedentes del último presupuesto comunitario (2014-2020), 15 puntos por debajo de la media comunitaria, si bien con posibilidades de ejecutarse hasta 2023. A esta dotación se unen los fondos extraordinarios que, durante el 2021 se autorizaron por valor de algo más de 22.000 millones, de los que se ejecutaron la mitad y el resto están pendiente de ser distribuidos. En el ejercicio en curso, el desembolso real en el primer trimestre no ha llegado al 5% de los 27.000 millones presupuestados, según los datos de la Intervención General de Administración del Estado.

Aun reconociendo que el proceso no es sencillo, el elevado grado de centralización en la distribución de los fondos europeos ha podido frenar su desarrollo, del mismo modo que lo ha hecho el retraso de nueve meses en la publicación de la orden de ejecución de los fondos, el 30 de septiembre de 2021.

Desde un primer momento se advirtió que estos fondos no tienen cuotas territoriales, lo cual no quiere decir que no tengan importantes consecuencias en los territorios. En un país cuasi federal como España, en el que las comunidades autónomas se han lanzado desde un primer momento a solicitar recursos para casi todo, esto ha traducido en una cascada de “proyectitos” ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta actuación llevó al Ejecutivo a parar y solicitar a los gobiernos regionales la priorización en las líneas de actuación y su focalización en dos o tres apuestas. Quizás seamos poco conscientes de que, aunque la administración está descentralizada, el poder económico y empresarial está cada vez más concentrado en tres o cuatro regiones que, probablemente, acaben siendo las más beneficiadas en el reparto.

Se ha echado en falta un conjunto de líneas estratégicas comunes, con acciones descentralizadas en las comunidades autónomas y entidades locales, lo que hubiera ordenado el proceso. En su lugar, proyectos atomizados, duplicados, sin un rumbo claro, que alejan la posibilidad de realizar el ansiado cambio de modelo productivo que se busca. Si se pierde el tren de la modernización no será por falta de oportunidades, sino por la incapacidad de ejecución de las 200 actuaciones y reformas previstas, cuyo incumplimiento conllevaría el fin de las ayudas y la pérdida de crecimiento esperado.

Galicia debe reclamar la implicación del gobierno de España en el reparto de los Fondos para los sectores clave, pero no puede olvidarse de exigir a las empresas del Ibex-35, que se harán con el grueso del pastel, que inviertan aquí una parte del mismo, de igual modo que años atrás miraron a esta comunidad para aprovechar sus recursos.

Oportunidades, muchas, expectativas a la baja y cambios reales pocos. Ojalá la máquina se engrase de aquí en adelante.

*GEN-Universidade de Vigo

**Universidade de Santiago de Compostela

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