Casi a la chita callando –la decisión carecía de discusiones previas, al menos en público–, el Gobierno que preside el señor Sánchez ha cambiado las normas electorales para los ciudadanos españoles que residen en el extranjero y deseen ejercitar su derecho a voto. Hasta ahora, y tras una reforma de 2011 con el fin de evitar sospechas de fraude, para participar había que solicitar previamente la información, documentación necesaria, etcétera, lo que se llamaba –como publicó FARO DE VIGO–, el “voto rogado”. De este modo, los residentes en el exterior recibirán, al igual que los del interior, todo lo necesario de una forma directa y personal, con lo que el control necesario será también similar.

El cambio trasciende, en mucho, la esfera administrativa: consolida el derecho de los residentes en el exterior y, de algún modo, devuelve a la normalidad su censo electoral. Y respalda un aspecto de los emigrantes: el de su dignidad política. Porque de algún modo estaba sometida a duda, y si algo no merece en modo alguno ese colectivo, en el que los gallegos son probablemente mayoría, es que se cuestione la limpieza de sus actos. Que, conviene no olvidarlo jamás, han aportado a este Reino un prestigio universal de honradez, compromiso con su país natal y el de acogida y, en definitiva, honra para su origen. No siempre recompensada como merece, por cierto.

(Como casi siempre en política, existe además un factor de interés específico: los emigrantes, en el caso gallego, han jugado con sus votos un papel importaante en los resultados de varias elecciones autonómicas, en las municipales y hasta en las generales. Aquí, por ejemplo, más de un alcalde lo ha sido, o ha dejado de serlo, a causa de los resultados del CERA –el Censo de Residentes Ausentes– y en las elecciones gallegas de 2005, la mayoría absoluta que perdió Manuel Fraga y dio paso a la Xunta bipartita pudo cambiar en el último momento, pero se frustró en beneficio de la coalición PSOE/BNG gracias al voto exterior. Un peso que ahora ya nadie olvida: de ahí las giras iberoamericanas.)

Esa influencia, significativa en varias ocasiones más –incluso a nivel de Estado–, puede haber sido motivo del cambio sobre el que acaba de informar este periódico. Junto a la comodidad para los electores, puesto que los libera de trámites, en muchas ocasiones lentos y farragosos, ante embajadas y/o consulados para depositar el voto. Se reforzará incluso aquella influencia ya que es probable que el colectivo retorne a niveles de participación relativamente altos y por tanto a ganar peso electoral. Algunos observadores han vinculado el cambio a la supuesta ventaja que en este caso el Gobierno tendría sobre sus rivales, pero es pura especulación: en todo caso da a ese sector social lo que le corresponde.

Sea como fuere, la cuestión devuelve la atención hacia quienes, residentes en el extranjero, se han quejado de que el poder político se acuerda de ellos “sólo cuando le conviene electoralmente”. Y puede haber bastante de verdad en ello, aunque con matices: la Xunta, precisamente por el peso de la colonia gallega allí, fue el primer Ejecutivo autonómico español en enviar ayuda a los emigrantes en Argentina cuando el “corralito” Y sus presidentes, con mayor o menor frecuencia, pero todos ellos, visitaron a los Centros Gallegos repartidos por el mundo. A ver si ahora, a la vista de una larga sucesión de citas con las urnas en los dos años próximos, cambia la percepción de lejanía, y a veces de abandono, y quienes tuvieron que irse por razones distintas, pero siempre de peso, vuelven a sentirse, en todo, como compatriotas. Sería en cierto modo una compensación más que justificada.