Parece más que posible que la única circunstancia que en esta Galicia de hoy permitiría un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas –y que no es otra que la coincidencia entre intereses sociales y electorales de sus tres grupos parlamentarios– se haya presentado por fin. Lo que supone, si se confirma, una de las mejores noticias de los últimos tiempos para este Reino; y no tanto porque la entente tuviese el premio de lograr el objetivo, que también, cuanto por el hecho en sí. Con ánimo de no exagerar, entraría en la pequeña historia de un país como este que en materia de pactos importantes anda más bien escaso.

El que ahora se vislumbra tiene relación directa con algo en lo que PP, PSOE y BNG están en la misma onda: el rechazo frontal a la reforma de la Ley de Costas tal como la plantea el Gobierno central de acuerdo con su forma característica, que es el “trágala” y punto. Cierto que resulta más bien triste que el punto común sea un “no” –a la norma– pero el litoral, como para el rey –cuya ambición era más fuerte que la ortodoxia religiosa– francés París, “bien vale una misa”. Entendida como tal la acción conjunta que desemboque en reivindicar para Galicia una parte de las competencias que en la materia tiene ahora mismo el Estado.

Conste que se trata de algo que no supone esfuerzo para ninguna de las tres formaciones gallegas, porque a los nacionalistas la cosa les queda corta, aunque por ahora la reclamen, y a los otros dos les amparan los precedentes, multicolores de Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias. Además, claro, de que, por ejemplo. en lo que a los puertos respecta ya la tiene en los que no son los llamados “de interés general”, detalle –esa competencia autonómica –en que se ampara el Gobierno para negarle a Galicia lo que Galicia reclama. Y que es justo y no atenta contra la forma y el fondo del Estado.

Dicho cuanto precede desde una perspectiva particular, conviene precisar que la oportunidad para converger es tanto más importante cuanto que la Xunta, que parece haber abierto la “era Rueda” de una forma bien diferente a la anterior, y buscando –o al menos planteando– la posibilidad de consensos, ha ofrecido un pacto a los concellos litorales, sea cual fuere el color político de su gobernanza. Algo que tiene un valor doble: de una parte, fortalece la petición, a la que añade más firmas –las de quienes acepten– y con ello gana peso, y de otra le da al factor municipal un papel de mayor relieve que el que tenía hasta hace poco.

Es, dicho como opinión, un momento excelente para que la Xunta –que tiene la Administración Local y Autonómica, en su área– aproveche para ampliar la iniciativa y explorar la hipótesis de ir a un Pacto Local, que patentó, a escala, el socialista señor Méndez Roméu durante el Bipartito. Y hay que dejar constancia de que aquí son tan escasas las oportunidades que desaprovechar esta sería realmente una desgracia. Porque contra la idea que las ministras Rivero y Maroto tienen en su magín acerca del cambio climático y las necesidades de adaptar el litoral, lo que demanda ya el gallego es evitar daños que serían irreversibles. Y es que, como se ha dicho en FARO, las costas gallegas son muy distintas a las del resto de la Península y por tanto precisan una ordenación, una conservación y una adaptación a los tiempos futuros diferente. Ahora hay una convergencia, al menos de opinión, entre instituciones gallegas: lo que hace falta es avanzar.