Es probable que algunos inquisidores que cuidan el absolutismo de lo público –multiplicando lo mucho bueno que tiene y escamoteando sus no pocos defectos– hasta el punto de proclamarlo dogma de fe política, reiteren ya sus denuncias contra la primera universidad privada de Galicia. Inmunes, como es habitual, a cualquier argumentación en favor de la pluralidad escolar, aferrados a viejos tópicos, apenas son conscientes no solo de que los hechos les privan de muchas de las razones que esgrimen, sino de que en sus prédicas niegan uno de los derechos que conlleva la Educación: la libertad de aprender y de hacerlo allí donde escoja el alumno o su familia.

Es algo que no choca ni con la otra libertad clave, que es la de enseñar, ni obliga a que se haga únicamente en lo público o a financiar lo privado eliminando recursos que protejan la igualdad; en todo caso aportar más vías para que esa protección sea efectiva. Y en este punto es muy posible que convenga subrayar, aparte de que lo expuesto es una opinión personal y que respeta las que pudieran pronunciarse en contra, que sostenerla no significa la adopción de posturas políticas concretas y mucho menos algún tipo de radicalidad. Simplemente ratificar la convicción de que, en ese terreno, solo hay una verdad: que el Estado debe garantizar el acceso a los niveles de enseñanza que la sociedad demande.

A partir de ahí, hay obligaciones complementarias. Por ejemplo cuidar de que los centros de enseñanza sean la vez focos de conocimiento real y no dogmático, respetar las creencias de todos, sean cuales fueren. España ha sido, durante siglos, un escenario en el que las escuelas –por cierto, escasas y controladas por una ideología– eran un derivado de las catequesis o viceversa. Pero, aún así, la modernización del país, lenta e incompleta, no trajo un remedio inmediato, sino un movimiento de péndulo que llevó la situación al lado contrario. Y en ninguno de los dos esquemas se garantizaba la libertad de pensamiento, que conlleva la de enseñar y también la de aprender.

Resolver en estas cuestiones no resulta fácil. A poco que se medite surgirá la evidencia de que es una de las pocas en las que la ideología cuenta más que el objetivo básico del oficio. Y en el que quienes huyen de los dogmas ajenos aplican los suyos propios, mientras otros se obstinan en mantener los que han sido superados por la evolución de los hechos. Ese es el motivo por el cual conviene saludar la llegada efectiva de una universidad privada Galicia. Cierto que en principio parece reducida a quienes tengan capacidad económica para pagar los estudios, pero esa limitación puede resolverse mediante becas, préstamos y otro tipo de prestaciones, incluyendo, sin ir más lejos, las deportivas.

Ese es el modelo anglosajón, imitado y adaptado por otros países desarrollados del mundo, y no ha dado precisamente malos resultados. Aquí, el Consello Universitario ha dado el visto bueno, superando la inicial oposición de los rectores de los tres centros públicos gallegos a este privado, de Abanca –con dos polos en A Coruña y Vigo, a semejanza de la espléndida Escuela de Negocios que fundara don Julio Fernández Gayoso, un hombre que merecería un homenaje “de país” y desde luego un desagravio– cuya oferta de grados es no solo de extraordinaria importancia, oportunidad y visión de futuro, sino que completa y mejora lo que ahora se ofrece. Por eso es tan importante defender el derecho a la libertad de aprender, y dónde: porque mejora lo común.