Es posible que, vista su actitud desde que llegó el Gobierno actual, una parte de la sociedad española considere que la “reaparición” de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras advirtiendo con acciones de protesta para exigir alzas salariales a la vista de la inflación, suponga que se trata de un despertar de los durmientes. Otra parte, quizá más prudente, y observando que el foco reivindicativo de las centrales apunta al empresariado y no al Ejecutivo que preside el señor Sánchez, puede considerar los avisos como un auxilio colateral para reducir en lo posible el desgaste de un Gobierno incapaz de adoptar medidas que favorezcan a los más afectados. Que, en materia de IPC, son la práctica totalidad de los habitantes de estos Reinos.

Lo malo de todo esto es que la presión hacia las patronales pase factura y, lo peor, que la mayoría de las empresas españolas, en las circunstancias actuales, no tengan capacidad para pagarla, ya que ahora mismo los costes de personal –y de las importaciones de productos que les son vitales– las desangran. Y eso, si desemboca en huelgas, manifestaciones en las calles y en definitiva la ruptura de la relativa paz social, inducida y pagada, porque los problemas estrictamente laborales son los mismos o más graves –a pesar de las prédicas de Yolanda Díaz– que los de los últimos años. Con la excepción de la pandemia y la guerra, el panorama podría llegar a ser más duro aún que la crisis financiera de 2008/12.

En este punto quizá convenga puntualizar, para evitar malos entendidos, que la responsabilidad de cuanto sucede aquí no es en exclusiva del Ejecutivo actual ni de la mansedumbre sindical. Tiene su origen en una desfasada estructura económica del país, la escasa importancia que a su modernización han dedicado, más o menos, todos los gobiernos que han sido y la mediocridad de la política –y los políticos, con alguna excepción–, incapaces aquella y estos de alumbrar con luces largas más allá de sus narices, absorbidos por el afán de llegar al poder y conservarlo. Y en eso no hubo grandes diferencias entre la derecha, la izquierda y los mediopensionistas. Expuesta la opinión con toda franqueza.

En eso está todavía el conjunto, solo que más lastrado por el desgaste que genera la situación estructural. Puede que no guste leerlo, y quizá quepan matices, pero el punto de vistan que se expone coincide, quizá con menos diplomacia, con los informes de entidades y personas de reconocido prestigio en una ciencia que se resume en el arte de resolver muchos problemas con escasos recursos. Dicho todo ello, procede indicar que el desfase actual entre la realidad social y financiera española y la gran mayoría de sus socios europeos es responsabilidad de muchos, pero el último cuatrienio producto de la confusión doctrinal e ideológica de un gobierno incapaz de caminar al completo en una misma dirección

Una última observación: como consecuencia de los acontecimientos políticos de estos últimos años, la gente del común de Galicia, al igual que el conjunto de la española, ha desarrollado su camino entre iniciativas supuestamente socialdemócratas y resabios de extrema izquierda que espantan a los inversores. De ahí que sería nefasto para los intereses de los trabajadores y trabajadoras gallegas que el “despertar” sindical se hiciera no tanto para presionar hacia un cambio en la política económica cuanto para consolidarla y convertir este en un país subvencionado –y por tanto dócil ante el que reparte los subsidios– endosándole la responsabilidad de la injusticia salarial a los empresarios. Que la tienen, pero sólo en parte; el resto pertenece a quien se las dan de “protectores del pueblo” y solo son un camelo.