Ya se ha dado el pistoletazo de salida de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año y se activan por un lado los procedimientos para organizar candidaturas y elaborar los programas electorales, es decir los compromisos que adquirirán los candidatos y sus partidos o agrupaciones electorales, pero también se produce algo que se dice que es inevitable y en cambio pienso que es un lujo que no podemos permitírnoslo, me refiero a la supeditación de las decisiones, en muchos casos importantes y urgentes que tienen que ser abordados a nivel supramunicipal y de afectación general, bajo la escusa que se puede molestar a algunos o a muchos de los vecinos y se corre el riesgo de perder las elecciones locales.
Lo importante ahora son las obras, obras de todo tipo, pero preferentemente las que solucionan problemas concretos que en ocasiones parece que se he hecho madurar el problema, para abordarlo en el último tramo del mandato de las elecciones anteriores y así tratar de fidelizar el voto de los ciudadanos directamente afectados.
Es un poco injusto enfatizar sobre la existencia de una transacción espuria de obras por votos, o peor aún puestos de trabajo u otras prebendas por la sutil correspondencia del apoyo a una determinada opción en las próximas elecciones.
Esta relación directa entre políticos en el primer nivel de contacto con los ciudadanos es mucho más importante de lo que se cree a priori, por que el político más que en otros niveles no suelen ser profesionales de la política, sino que son ciudadanos que con su ideología e intereses se comprometen y como consecuencia en otros procesos de elecciones se les acude a ellos para lograr contactar directamente con el votante.
Ahora bien con las elecciones locales lo que no debe hacerse es paralizar la acción de política del conjunto del país porque muchos asuntos son supramunicipales, tienen un alcance comarcal o regional y no pueden depender del temor a perder las elecciones municipales, porque las decisiones sobre instalaciones de parques eólicos, infraestructuras hidráulicas que afectan a grandes poblaciones que necesitan recursos más allá de su término municipal, la ubicación de instalaciones industriales u otras tan relevantes como el tratamiento de basuras en toda la comunidad autónoma o la aprobación de un polígono industrial, no deben depender de un proceso electoral local y menos a un año vista.
