Los fondos europeos empiezan a resultar algo parecido a un gran misterio. Todo el mundo habla de ellos. No hay semana en que no surjan estadísticas complacientes sobre la buena marcha de su ejecución en España, no así sobre su reparto en Galicia, y la eficaz gestión desplegada respecto a otros países del continente. Pero muy pocas empresas pueden certificar por el momento que hayan recibido un solo euro. Particularmente las pequeñas, que suman más del 96% por ciento del tejido productivo gallego. La rigidez de los requisitos, los plazos y los costes de gestión son para la inmensa mayoría de ellas un muro infranqueable, tanto que han terminado por renunciar a solicitar las ayudas, arrastradas de nuevo por una insoportable montaña burocrática.
España percibirá 140.00 millones de fondos europeos hasta 2026, una oportunidad única para impulsar la recuperación y el crecimiento económico. Pero esta lluvia de millones puede quedarse en agua de borrajas por culpa de la burocracia y la rigidez de las convocatorias. Según una encuesta del Banco de España, solo el 16,6% de las empresas están interesadas en concurrir a las convocatorias de ayudas, una situación a la que no es ajena Galicia. La patronal gallega ya ha advertido del riesgo de que no solo las grandes sino la mayoría del ecosistema productivo, compuesto por pymes y microempresas, se quede fuera de los fondos.
No es una cuestión baladí, porque son estas firmas, un motor de nuestra economía, las que mayores dificultades presentan para innovar y ser capaces de ese modo ya no solo de crecer sino de mantenerse en un feroz y cambiante mercado global. Para resistir, renovarse y seguir creciendo se requieren esfuerzos económicos, eficiencia y mucho trabajo, y que el chorro de dinero europeo riegue también esta red capilar básica del ecosistema empresarial gallego. Apoyarles para ganar en competitividad debiera ser también una prioridad de las administraciones.
“Entre controles y gastos en asesores, a las pymes no les compensa adentrarse en las solicitudes. La rigidez de los requisitos, los plazos y costes de gestión son, para la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas gallegas, un muro infranqueable"
El programa “Next Generation” va a posibilitar, según la doctrina del Gobierno de Pedro Sánchez, la conversión de España en líder en la fabricación de coches eléctricos y microchips, en energías limpias y digitalización. Para el desarrollo de cualquiera de esos ámbitos, Galicia es una candidata extraordinaria por capital humano, tradición laboral, trabajadores cualificados, recursos hídricos, red de infraestructuras y disponibilidad de suelo. Pero el reparto no parece primar por igual a los territorios. El mejor ejemplo es Stellantis Vigo que acabó por presentar inversiones mínimas al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) porque su ambiciosa nueva plataforma electrificada en Balaídos que se encargaría de la construcción de los nuevos modelos del mañana no ha tenido encaje en la convocatoria. El problema reside en los limitados plazos para ejecutar las inversiones ya que el Gobierno exige que estén finalizadas como muy tarde el 31 de diciembre de 2025 como fecha tope, algo que la principal fábrica automovilística de España ve inviable. Esa, la inflexibilidad, es la razón de peso aducida para despacharles. Un incomprensible portazo en toda regla, dada la magnitud de lo mucho que está en juego para la economía gallega y nacional. Más imperdonable cuanto que ni siquiera, como hemos reiterado desde este espacio editorial, ha habido respuesta del Gobierno a sentarse a dialogar con Tavares sobre la envergadura de los proyectos en marcha y su eventual acompañamiento.
Lo que también impera es un reparto ejecutado en muchos casos con criterios desconocidos, sin debate previo que enriquezca la orientación y con un férreo control desde las oficinas de la Moncloa en un país que peca de clientelismo. Sumar cantidades a trazo grueso es una forma desenfocada de acercarse al asunto, porque no se trata de gastar mucho y rápido, sino de hacerlo bien. Rastrear una maraña de miles de obras resulta un proceso difícil que paradójicamente acaba por volver casi opacas las licitaciones pese a figurar en los portales de transparencia. Un equipo de profesores vinculados a una institución académica privada catalana acaba de conseguirlo mediante un algoritmo que explora las listas de contrataciones públicas y clarifica el desorden. Sus conclusiones ayudan a entender lo que pasa. Por ejemplo, gran parte del chorro europeo, en muchas comunidades, acaba ahora mismo en manos de entes como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o la Dirección de Carreteras. Con ese nutriente impulsan compromisos antiguos que llevan años estancados, como por ejemplo la reforma de líneas férreas, el soterramiento de vías o la adecuación de túneles a las normas de seguridad.
Mal comienzo de los fondos de resiliencia: no están pensados para eso. Ya no es solo que sirvan para camuflar el agujero de las administraciones y cubran lo que debería correr por cuenta del presupuesto ordinario, sino que dejan de alcanzar directamente al tejido productivo real, el más pequeño, necesitado y mayoritario. Parece que únicamente los grandes organismos cuentan con fortaleza para asimilar los engorrosos trámites exigidos o para cumplimentar el extenso capítulo de requisitos. Al final, entre controles y gastos en asesores, a las pymes no les compensa adentrarse en las solicitudes.
"Urge, sí, otra política fiscal, aunque no para subir o inventar impuestos, sino para sacar el máximo rendimiento a los actuales"
España llegó al desplome de la pandemia en mala situación de deuda y déficit. Recupera pulso aún más debilitada. La reactivación del empleo es ficticia cuando se basa principalmente en la contratación de las administraciones. Evitar que el grifo se seque depende de recortar gastos inútiles, asignatura pendiente desde la burbuja de 2008. Urge, sí, otra política fiscal, aunque no para subir o inventar impuestos, sino para sacar el máximo rendimiento a los actuales y recaudar de manera eficiente.
Los fondos europeos son una esperanza para el ansiado resurgimiento económico. Se marchitará si se sigue tirando de viejos resortes ante los nuevos desafíos, sin una concepción renovada que la libere de espíritus del pasado como el intervencionismo, la cesión de la iniciativa, la falta de ambición o el confort de lo público. Galicia para recuperar posiciones y reducir distancia con los territorios ricos, precisa una expansión sin precedentes. Y no será posible sin emprender una necesaria reindustrialización. Al maná de la UE se le atribuyen unas facultades taumatúrgicas para disponer la economía hacia su máximo potencial de crecimiento. Pero para ello es asimismo esencial que ese dinero se reparta en igualdad de condiciones entre los territorios, sin opacidad, con plazos razonables y realistas, y sobre todo con justicia. No para primar otro tipo de intereses ajenos a lo que está en juego. En definitiva, sin las cartas marcadas.
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