Es muy posible que la expresión utilizada por las fuentes oficiosas de Moncloa para definir lo que aguardan del futuro haya sido, acaso por primera vez, realmente sincera: “aguantar” hasta 2023, cuando remata la legislatura. Lo malo del verbo es que resulta limitativo al simple concepto de resistencia y, como no se acompaña de alguna expresión esperanzadora, podría calificarse también como “resignación”, que es todavía peor que cuanto queda dicho. Lo sería igualmente por las previsiones del propio Gobierno, que ajeno a la realidad durante más de la mitad de su mandato, tiene ahora que reconocer que son fallidas.
En ese sentido, el reciente informe del Banco de España no solo es demoledor, sino que deja en la encrucijada a quien, hasta ahora, era el “referente moderado” de la política económica del gabinete de don Pedro: la vicepresidenta Calviño. Sus informes a Bruselas se miran con lupa y además con un cierto retraso a la hora del diagnóstico, lo que genera suspicacias aquí y en medio mundo financiero. Y más aún con las previsiones, que ya no solo se ponen en duda por la UE, sino que ni siquiera se las creen sus autores aquí. Por eso dice un ilustre especialista gallego en la materia que la economía española “se muere lentamente”.
Sin el menor ánimo de dibujar un paisaje apocalíptico, parece necesario añadir –sobre todo por lo que pueda afectar a Galicia– lo que se refiere a los Fondos Europeos. El presidente Rueda Valenzuela ha insistido en la cuestión de los desconocidos criterios para el reparto y las obvias sospechas de que, por indicios, este antiguo Reino corre el riesgo de salir perjudicado. Es de esperar que en la entrevista solicitada a Moncloa con el jefe del Gobierno central se traten –si se concede la reunión– esa cuestión y otras cuya antigüedad les ha dado solera, pero no soluciones. Y algunas, además, han superado plazos hace ya lustros.
Alguien podría echar mano del mismo verbo –“aguantar”– que el utilizado por los comentaristas de Moncloa para la Xunta, pero en el caso gallego sería aún más impropio. En este territorio, y por ahora, los electores han preferido la estabilidad antes que lo que veían en las Cortes Generales, y por eso –quizá– tantos apoyaron al PP hasta darle mayoría absoluta. Lo que obliga al Ejecutivo autonómico no solo a predicar, sino a avanzar en el camino de las soluciones para los problemas diarios –es decir, los domésticos– de la gente del común, que son en su gran mayoría los de llegar a fin de mes, una hazaña vistas las subidas de precios que se padecen.
Con semejante panorama, el más elemental sentido común, como el político, el social y el “de lo común”, exige un acuerdo lo más amplio posible –y que en todo caso habría de durar hasta el fin del año próximo e incluir a las fuerzas parlamentarias gallegas– que no se limite a los efectos económicos o sociales de las sucesivas crisis. La situación necesita un pacto para adaptar el Estatuto no solo a la realidad actual, sino para modificar –en el marco constitucional– los desajustes que el paso del tiempo ha demostrado que existen. Pero ese objetivo pasa por algo más que reducir los contactos del Ejecutivo con la oposición –y viceversa– a intercambios de cartas sobre cuestiones puntuales: Galicia espera, y necesita, algo mejor de demostrar la capacidad de aguante de cada cual. Eso, a estas alturas, se supone archiconocido.
