El alcalde Lores ha puesto el grito en el cielo, nunca mejor dicho, a cuenta del enorme retraso que acumula la concesión solicitada por el Ayuntamiento a la Dirección General de la Costa y el Mar -¡vaya nombrecito tan evocador!- con la finalidad de acometer la apertura de un nuevo vial entre la Avenida de Marín y la calle Rosalía de Castro.
Nada menos que un año y medio ha pasado ya desde su petición para obtener unos terrenos ubicados en la zona de dominio público marítimo-terrestre, que permitan la ejecución de un proyecto considerado estratégico para la reordenación del tráfico en su área de influencia.
El gobierno municipal parece que descarga de tan incomprensible desidia al Servicio de Costas de Pontevedra y responsabiliza de ese retraso a la mencionada dirección general, ahora encuadrada en el rimbombante Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidente tercera del Gobierno más numeroso y por tanto más caro de nuestra historia reciente.
Tanto tiempo de espera para contestar un tema sin complejidad alguna, no obedece a eso que se entiende por administración competente, eficaz y ágil. Más bien al contrario. Cuando menos, alguien no está ganándose el sueldo en este caso, por no aventurar otra cosa peor.
La directora general, Ana María Oñoro Valenciano, que lleva media vida profesional ligada a Costas en sus múltiples denominaciones, tendría que decir algo al respecto sobre un departamento que conoce bien, pero que nunca ha destacado por su acierto ni por su diligencia en los asuntos pontevedreses, que suman unos cuantos débitos en esta política de la callada por respuesta.
Esto no pasaba antes, con aquella normativa que convertía el silencio administrativo injustificado en un resolución firme y favorable a la petición tramitada ante la administración de turno. Quizá por ese motivo tal procedimiento resultó derogado un mal día para ocultar sonrojantes vergüenzas.
El Meollo de la cuestión está en adivinar si en esta falta de respuesta de la Dirección General de la Costa y el Mar al Concello de Pontevedra hay solamente dejadez e incompetencia por parte de una burocracia perversa o si hay algo más, y ese silencio esconde en realidad una contestación negativa que trata de dilatarse por razones inconfesables.
