¿Quién gobierna en España en la presente legislatura?

Sorprende, además, que el actual Gobierno tenga fuertemente mediatizada su acción de gobierno no por depender parlamentariamente de unas formaciones que gozan de una amplia representatividad entre la ciudadanía española, sino justamente, por lo contrario: por la poca o mínima que poseen. Dicho de otro modo, el actual Gobierno de coalición ha decidido apoyarse en una red de formaciones políticas marginales que coinciden en el interés último de la “voladura” de la Constitución de 1978.

Y es que el presidente del Gobierno tuvo claro, desde el principio de la actual legislatura, que lo más conveniente para poder formar el Gobierno y, sobre todo, para mantenerse establemente en él, era atenerse fielmente al leitmotiv que guio la actuación de Crispín en la obra “Los intereses creados” de don Jacinto Benavente: mejor que crear afectos es crear intereses (acto II escena IX). Tal vez al comienzo de la presente legislatura cotizaban en política tan bajos como nunca valores éticos como el respeto constitucional o la lealtad, razón por la cual no fue muy difícil sustituirlos por un lazo mucho más fuerte e irrompible como es el del interés, el de la mutua conveniencia.

Esto es lo que explica que la propia investidura del presidente del Gobierno se asentara en unos pactos reservados (porque muchos eran inconfesables) celebrados con ciertos partidos políticos, que, si bien pudieron constituirse legalmente, desde el comienzo mismo de su activad política actuaron claramente en contra de la Constitución y las leyes, como EH Bildu, ERC y Junts, entre otros.

Es verdad que los ciudadanos desconocemos los pactos, da la impresión que “inconfesables”, que sustentan al gobierno de la Nación. Pero una observación medianamente atenta de la realidad política, unida a las propias declaraciones (aparentemente indiscretas) de algunos de los líderes firmantes, permiten deducir que existe entre todos los implicados una clara comunidad de intereses: para todos ellos la situación política actual es la mejor de las posibles y, en todo caso, preferible a la celebración de nuevas elecciones. Mientras las cosas sigan como están, tanto para el propio presidente del Gobierno como para las demás formaciones políticas que lo apoyan parlamentariamente, es mejor que continúe el actual Gobierno que provocar nuevas elecciones generales. La disculpa que aducen es que el cambio de ellos por la derecha siempre será peor. Lo que habría que preguntarles es ¿si esos es tan obvio por qué no permiten que hable la ciudadanía?

Esta inusual manera de actuación política no ha sido, como era de esperar, constitucionalmente inocua. Como vamos a ver, el llamado gobierno Frankenstein (aunque yo creo que lo verdaderamente Frankenstein es el conglomerado de partidos que conforman el apoyo parlamentario) viene produciendo unas tensiones constitucionales que están deformando hasta tal punto nuestra Carta Magna que la están haciendo difícilmente reconocible.

“El actual Gobierno de coalición decidió apoyarse en una red de formaciones políticas marginales que coinciden en el interés último de la ‘voladura’ de la Constitución de 1978”

Aunque son varios los partidos y las formaciones firmantes de los pactos de investidura, los compromisos de mayor calado que ha asumido el presidente del Gobierno son los celebrados con ERC. Y lo son tanto por el hecho de que ERC dispone de un número de escaños relativamente importante (13) para influir en la política parlamentaria, cuanto porque ERC es el partido político más anticonstitucional de todos los sustentan al gobierno. Lo cual se traduce en la anómala situación de que el partido ante el que más tiene que ceder el Gobierno de la nación es el más desleal contra la Constitución. Situación ante la cual la ciudadanía tiene muy difícil, por no decir imposible, comprender la actuación del gobierno.

Pero para que se vea con claridad lo que quiero decir permítanme que me detenga en dos acontecimientos que reflejaran perfectamente lo que digo. El primero de ellos es el llamado ‘procés’ habido contra los políticos catalanistas que pusieron las instituciones autonómicas al servicio de un pretendido referéndum de autogobierno al amparo del cual declararon inútilmente de manera unilateral la independencia de la República de Cataluña. Como consecuencia de esta especie de “golpe de Estado jurídico”, dado desde la propia Generalitat, hubo un funcionamiento correcto de las instituciones del Estado y tras el correspondiente proceso penal la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a penas de cárcel, de multas e inhabilitación, a los responsables de tales actos.

Llegados a este punto, hay que advertir que interfiere en la escena política el actual gobierno. Y es a partir de entonces, y seguramente siguiendo al pie de la letra los compromisos de la investidura, cuando el entonces nuevo y actual Gobierno –¡oh, milagro!– cambia la política de la nación respecto de los condenados por el ‘procés’: lejos de propugnar la condena por rebelión se defiende que lo que hubo fue sedición, y después de ser condenados e ingresar, sin reunir los requisitos exigibles al respecto, y reiterar su voluntad de seguir atentando contra la Constitución, va el Ejecutivo y los indulta.

Recientemente, hemos vuelto a ver los resultados a los que conducen los compromisos entre el Gobierno y ERC. El asunto tiene que ver con la denuncia efectuada por parte de los dirigentes de ERC de que habían sido “espiados” por el Centro Nacional de Inteligencia. Tras amenazar ERC que podía retirar su apoyo al Gobierno de la nación si no obtenían las correspondientes satisfacciones, el Ejecutivo “ha sustituido” a la anterior directora del citado centro de inteligencia por una nueva directora, pero nada permite asegurar que se haya saciado “el hambre sustituidora” (como se llama ahora) de cargos públicos de ERC.