Una “muestra de patriotismo”. Es la altisonante explicación que ofreció el Gobierno cuando, tras el 40 Congreso del PSOE, celebrado en Valencia, anunció la descentralización de sedes administrativas y gubernamentales. Una proclama que enervó a la lideresa madrileña, Isabel Díaz Ayuso –como era previsible–, y que generó amplias expectativas en aquellas ciudades que, como Vigo, son huérfanas de casi todas las capitalidades oficiales. Las miradas se dirigieron de inmediato, en el caso vigués, al Instituto Español de Oceanografía (IEO), ubicado hoy en la calle Corazón de María de Madrid. Muy lejos de cualquiera de las sedes pioneras de la institución: Mallorca (1906), Málaga (1911) o Vigo (1917). Y también muy lejos del mar.
Pero aquel proceso descentralizador se estrelló con uno de estos tres muros: con el de que los anuncios tienen menos dificultades presupuestarias que los hechos; con el de la dejadez y estulticia política o con el de que esas “muestras de patriotismo” eran pura baratija retórica. O quizá se estrelló con los tres.
El hecho es que el Gobierno limitó ese reparto de organismos oficiales primero a una pedrea: solo para entidades de nueva creación. Sin concretar números ni destinos, y con la evidente constricción presupuestaria –la barra libre comunitaria respecto al déficit no durará para siempre– y una realidad parlamentaria poco dada a engordar el sector público.
El IEO no se ha movido de Madrid pese a que el anterior ministro de Ciencia e Innovación, el astronauta Pedro Duque, reconoció la “incongruencia” de su ubicación, porque lo más próximo a un entorno acuático que tiene su sede es el embalse del Pardo. A la decisión del canovismo se le podría atribuir cierta bisoñez y absoluto hipercentralismo cuando fijó en Madrid la sede del IEO, pero hoy es un injustificable anacronismo.
Ahora, con un Gobierno respaldado en su investidura por el arco parlamentario más heterogéneo y fragmentado de la democracia, nos topamos con la misma irracionalidad en las decisiones, con aparentes criterios técnicos que vuelven a apartar las instituciones de la realidad social, económica y científica. Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación –cartera a la que el IEO está adscrita desde hace más de una década–, comunicó la semana pasada su decisión de fijar las áreas de Pesquerías y Acuicultura en Santander y Mazarrón (Murcia), respectivamente. Respecto a la primera, y en busca de quién sabe qué compensación política al regionalista Miguel Ángel Revilla, justificó que obedecía al hecho de que en Cantabria nació este Instituto. Le fallaron los asesores a Morant: el primer laboratorio costero y netamente oceanográfico se instauró en Baleares por el catedrático universitario Odón de Buen. En Santander se había creado, ciertamente antes (1886), la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimental. No era oceanográfica.
Pero resulta que en Cantabria ya se ejercían las labores de dirección del área de Pesquerías desde hace años, lo mismo que Mazarrón con la acuicultura, porque allí están trabajando ahora los responsables de esas disciplinas. Lo que ha hecho ahora es anclar ambas jefaturas en estas ubicaciones, lejos de Madrid y del mínimo sentido común.
Porque los motivos hasta ahora escuchados mueven al patetismo, cuando no a la indignación. Porque la ministra ignora o desprecia –y no sabemos qué es peor– un dato incontestable: la capitalidad real del ecosistema industrial e investigador en todas las áreas vinculadas al mar está en Vigo. Hasta la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– está buscando un edificio en la ciudad para disponer de una sede. Sin embargo, para el Gobierno los factores que han valorado tanto la ONU como la Comisión Europea (con la Agencia Europea de Control de Pesca) para asentarse en Vigo no han sido suficientes.
“Los motivos hasta ahora escuchados mueven al patetismo cuando no a la indignación. Porque la ministra ignora o desprecia un dato incontestable: la capitalidad real del ecosistema investigador e industrial en todas las áreas vinculadas al mar está en Vigo”
La ignorancia o desprecio del Gobierno son formidables. Porque en Vigo tienen como puerto base los dos principales buques oceanográficos del Instituto, Ángeles Alvariño y Ramón Margalef, amén de que en las instalaciones de Cabo Estai trabajan alrededor de un centenar de personas, la mayoría científicos. Su sede es la mayor de la red del IEO en España.
Pero el potencial del IEO de Vigo no se queda dentro de sus paredes en Cabo Estai, ya que se dispara si se tienen en cuenta las sinergias con el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas, el Oceanográfico de A Coruña y toda la investigación marina que se desarrolla en las universidades y otras instituciones gallegas.
Y por si estas razones no fueran lo suficientemente persuasivas, vayamos a la economía. Mientras la flota cántabra cuenta con 132 barcos registrados, según la Secretaría General de Pesca, en Galicia la cifra se eleva a casi 4.300. Al margen del aspecto cuantitativo, la flota gallega representa más del 40% de todo el músculo extractivo de España; la de Cantabria no llega al 2%.
Además, el naval vigués es el único de toda España especializado en la construcción de buques oceanográficos: Armón Vigo tiene cuatro unidades de este tipo en cartera; Freire Shipyard se ha adjudicado otro para Estados Unidos, y está reformando un offshore en un buque investigador de élite para el expatrón de Google.
Y fue la Universidad de Vigo la que enarboló este potencial para impulsar la creación del Campus del Mar, que aúna a 6.000 investigadores gallegos y del norte de Portugal. En el ámbito de la acuicultura, la comparación entre ambos territorios mueve al bochorno. Su enorme desarrollo, industrial e investigador, ha erigido a Galicia como referente internacional puntero en el sector en permanente innovación.
Y si el Ejecutivo tenía la tentación de dar a Vigo las migajas de la tercera área de investigación del IEO, la de Medio Marino y Protección Ambiental, no podría hacerlo sin rectificar su único argumento y, por tanto, sin corregir lo que la industria gallega ha tachado ya de “ignominia”. Así que como la jefa de este departamento está en Madrid, allí permanecerá la sede. Entre las tres áreas, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) le confieren una dotación presupuestaria de más de 10 millones cada año, una cantidad mínima que perderá Vigo por una estulticia ministerial de difícil pero no imposible reparación. Solo se necesita un mínimo de sentido común y, por una vez, un frente común de las instituciones y administraciones que deben de ir a una para impedir que el desplante se consume. Porque esto no va solo de Vigo, sino de toda Galicia y de que se haga verdaderamente justicia.