En uno de esos actos de hipocresía política a que nos tiene acostumbrados, el Gobierno de Estados Unidos invoca ahora en el caso de Ucrania a un tribunal internacional al que no ha hecho desde el principio más que torpedear.
Washington quiere que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, juzgue a los responsables de los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad cometidos en la invasión rusa de Ucrania.
El pasado 15 de marzo, el Senado estadounidense aprobó una resolución por la que se anima a los Estados parte de ese tribunal, entre los que no están por cierto ni Rusia, ni China ni EE UU, a que investiguen esos crímenes de lesa humanidad.
Según el senador republicano Lindsay Graham, de Carolina del Sur, establecer responsabilidades y castigar a los culpables es “hacer un uso adecuado de la jurisdicción de ese tribunal”.
El 28 de febrero, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional comenzó a investigar lo ocurrido en Ucrania, después de que un examen provisional estableciese “indicios razonables” de la comisión allí de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Y hasta el 3 de abril, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU había documentado más de 3.455 víctimas civiles, entre ellas 1.417 en esa guerra que tan brutalmente viola el derecho internacional.
El Estatuto de Roma, por el que se creó, la Corte Penal Internacional considera un acto de agresión “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
La Carta de las Naciones Unidas solo permite el recurso por un Estado a la fuerza militar en propia defensa o con consentimiento expreso del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que sus miembros permanentes tienen, sin embargo, poder de veto.
“Washington quiere que la Corte Penal Internacional de La Haya juzgue a los responsables de los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad cometidos en Ucrania”
Pero la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción para perseguir a ciudadanos de los Estados parte que no hayan ratificado la enmienda al artículo 15 bis del Estatuto de Roma, que establece sus competencias respecto del crimen de agresión.
Ni Rusia ni Ucrania han ratificado dicha enmienda, y aunque Ucrania sí acepta la jurisdicción de ese organismo, ello no sirve de gran cosa ya que Moscú puede siempre ejercer su derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
Lo más llamativo en cualquier caso del interés mostrado ahora por EE UU en el caso de la invasión rusa de Ucrania, es que la superpotencia no ha sido nunca Estado parte de la Corte Penal Internacional aunque estuvo entre quienes negociaron y redactaron su estatuto fundacional.
El presidente demócrata Bill Clinton llegó a firmar el Estatuto de Roma de la CPI, pero, antes de dejar la Casa Blanca, recomendó a su sucesor, George W. Bush, que no lo enviara para su ratificación al Senado.
Bush llegó incluso más lejos y retiró la firma del documento mientras que el Congreso norteamericano aprobó una ley llamada de “Protección de los Miembros del Servicio Activo”.
Esta ley prohíbe a los organismos federales, estatales y locales de EE UU prestar cualquier tipo de asistencia a la Corte Penal Internacional así como la extradición a la misma de un ciudadano norteamericano.
Determina al mismo tiempo que si un miembro de las FF AA de Estados Unidos es detenido en cualquier lugar del mundo, Washington podrá utilizar la fuerza militar para intentar su liberación.
El Gobierno de George W. Bush presionó además en su día a un centenar de países para que firmaran acuerdos bilaterales por los que se comprometían a no entregar a la Corte Penal Internacional a ningún ciudadano de EE UU.
Si nos fijamos en los individuos investigados o condenados hasta ahora por la Corte Penal Internacional, veremos que se trata fundamentalmente de dirigentes políticos o militares de países africanos, árabes o asiáticos.
Ninguno de Estados Unidos por las atrocidades de sus militares en la guerra de Irak, ni de ningún país occidental, como tampoco de Israel pese a sus más que acreditados crímenes de guerra en Gaza.
