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Santiago Lago Peñas.

Santiago Lago Peñas

Director de GEN (UVigo) y del Foro Económico de Galicia

La corrección de la inflación en el IRPF: una solución que puede dar juego

En España tenemos unas cuantas reformas estructurales pendientes. Una de ellas, importante, es la que atañe al sistema fiscal. Acaba de publicarse un libro blanco al respecto y no me detendré en su motivación o contenido. Lo importante es señalar que la guerra de Ucrania ha alterado calendarios y prioridades de corto plazo, aplazando el proceso. Aun así, es lógico que el Gobierno se resista a rebajas en IVA o en impuestos especiales, porque van en la dirección contraria de donde los expertos recomiendan. Y también es comprensible que PP y PSOE no se pongan de acuerdo sobre cuál es el nivel óptimo de impuestos o la forma de afrontar el enorme déficit público que padecemos. Pero creo que el IRPF nos ofrece una solución que puede valerle todos.

Las características del impuesto sobre la renta hacen que la inflación genere recaudación extra. Es lo que se conoce como “progresividad en frío”. Si no se actualizan tarifas, mínimos exentos y otros elementos del impuesto, la subida de precios acaba provocando que aumente lo que pagamos, aunque la capacidad contributiva real no lo haya hecho. Desde 2008 no hacemos esa corrección, pero los precios han subido más del 20%. Y superarán el 25% a finales de 2022, según las previsiones del Banco de España.

Hacer ahora la actualización, con efectos de enero de 2022, permitiría comenzar a reducir las retenciones ya en junio o julio, y elevar así el poder adquisitivo real de los ciudadanos; sin que, en sentido estricto, se trate de una rebaja fiscal ni se den pasos en dirección contraria a las recomendaciones de los expertos.

De hecho, la actualización es una decisión técnicamente justificable y coherente; y el choque de precios que estamos experimentando en los últimos meses la hace particularmente oportuna. Además, esta corrección no solo podría acercar al PP y al Gobierno a acuerdos en diversos frentes, también en el económico, sino que podría facilitar el imprescindible pacto de rentas para el trienio 2022-2024; en particular, la aceptación por parte de trabajadores (y pensionistas) de subidas muy por debajo de la inflación que observaremos en 2022.

Sin duda, la tarea no está exenta de dificultades. Habrá que decidir el porcentaje de corrección de las cifras, que podría estar en una horquilla del 10-25%, a concretar en función de los resultados de las simulaciones que pueda hacer la Agencia Tributaria: hay que tener en cuenta el impacto de la corrección para las arcas públicas y nuestro déficit. Segundo, el Gobierno central determina solo la mitad de la tarifa, porque la otra es responsabilidad de las Comunidades Autónomas. Tercero, los mínimos exentos y otros elementos a actualizar en la base del impuesto son competencia de la administración central. Pero inciden en la recaudación de las Comunidades Autónomas, que podrían exigir una compensación. Finalmente, los cambios en la parte estatal del IRPF se traducirían a las retenciones de forma rápida, pero no así la de las Comunidades Autónomas; una asimetría que llevamos años denunciando, pero que no hemos resuelto.

En todo caso, si hay voluntad política de acuerdo entre los grandes partidos, las autonomías se sumarán y allanarán el camino. Porque también en ellas gobiernan y porque sería difícil justificar que se queden al margen de esa lógica actualización de los parámetros fiscales.

Es el momento de buscar puntos en común y soluciones. Muy probablemente, las elecciones generales no se celebrarán hasta 2023. Pero en 2022 tenemos muchos asuntos pendientes que resolver en un entorno difícil y dinámico.

*Catedrático de la UVigo

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