Existen cinco factores que están generando un estropicio en el frente económico: el coste de la electricidad; el precio de los hidrocarburos; el precio y disponibilidad de los suministros de algunos insumos clave para el sector industrial; la construcción y la actividad agroganadera; la incertidumbre; y el choque sobre los hogares más vulnerables y las empresas especialmente impactadas.

Todo ellos tienen orígenes y tratamientos diferentes. En el caso de la electricidad, creo que el Gobierno central lo ha enfocado bien. El problema es que el mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista no vale hoy para España. Genera unos beneficios extraordinarios e injustificados que se quedan, fundamentalmente, en manos de las empresas energéticas. Es razonable alterar transitoriamente los efectos del mecanismo y devolver esas rentas extraordinarias a los consumidores. Y hay que hacerlo con la aquiescencia de la Unión Europea. En este frente soy optimista.

En lo que atañe a los hidrocarburos, lo tengo menos claro. En este caso, creo que hubiese sido preferible no actuar con medidas de alcance general, ni bajando impuestos ni bonificando a todos. Hubiese sido mejor decantarse por actuaciones sectoriales, comenzando por el transporte y el sector pesquero. Se trataría, fundamentalmente, de ayudar a la parte del tejido empresarial para la que la subida de costes no es asumible. Tenemos que asumir que hoy somos, colectivamente, más pobres, porque pagamos el petróleo más caro a proveedores extranjeros. Tenemos que ajustar nuestros hábitos de movilidad y consumo de combustibles. Dicho lo anterior, tres ideas adicionales. La primera es que el Gobierno tardó demasiado en desactivar la huelga del transporte. La segunda es que, en cuanto escampe, deberíamos revisar cómo funciona el transporte de mercancías en España. La crisis ha servido para poner el foco en un sector extraordinariamente atomizado y que vive en la subcontrata infinita, que no apuesta por el ferrocarril, en el que muchos operadores acaban aceptando precios que a duras penas cubren los costes. La tercera idea es que existen sombras sobre la competencia real en el mercado de los combustibles que una supervisión más estrecha debería disipar. Por lo que se refiere al coste de los suministros, me temo que aquí solo queda aceptar que los consumidores (incluyendo la administración) tenemos que pagar algunas cosas más caras. Las empresas no pueden producir a pérdida y todos los agentes de la cadena de distribución tienen que asumir que los precios tendrán que ajustarse al alza para compensarlo. Cierto que esto acaba elevando la inflación. Pero esta parte es inevitable.

Sobre la incertidumbre, es el momento de generar confianza y previsibilidad. Es el momento de grandes acuerdos sobre la evolución de rentas en el trienio 2022-2024 que nos permitan repartir el empobrecimiento hoy y recuperar poder adquisitivo mañana. Salarios, pensiones, alquileres, márgenes empresariales… no pueden pretender subir como el IPC y emponzoñarnos en una espiral inflacionista. Hay que negociar y pactar. Y pronto. En paralelo, es el momento de definir un plan de consolidación fiscal que clarifique cómo vamos a corregir el enorme déficit estructural que padecemos y que, sumado a la deuda pública acumulada, puede acabar provocando una tormenta financiera como la que sufrimos hace unos años, con riesgo de intervención del país. Si empresarios y sindicatos son los agentes principales en el primer objetivo; Gobierno y oposición lo son en el segundo.

Finalmente, tenemos que concentrar los escasos recursos públicos de los que disponemos en los hogares y las empresas más golpeadas o vulnerables. La subida del ingreso mínimo vital y los acuerdos sectoriales van en la buena dirección. Las bajadas generales de impuestos, no.

*Director de GEN (Universidade de Vigo)