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Faro de Vigo

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Joaquín Rábago.

No hay peor ciego que el que no quiere ver

La política, al menos la buena política, consiste en adelantarse siempre a los problemas y procurar a tiempo soluciones para evitar que lleguen a producirse. Procrastinar, esperar hasta el último momento con la esperanza de que el problema se resuelva por sí solo, no solo es una mala ‘praxis’, sino un profundo desengaño para los electores y como consecuencia, un suicidio político.

Lo estamos viendo en este país con el precio de la electricidad y los carburantes, que hacen cada vez más difícil la vida de millones de ciudadanos, y no solo de esos que se etiquetan siempre como “los más vulnerables”. Todo lo cual no hace sino alimentar a la extrema derecha. El coste de la vida se ha disparado para todas las familias, y no pueden nuestros gobernantes echarle la culpa solo a “la guerra de Putin” o utilizar el argumento de que hay que esperar a ver qué se decide en Bruselas.

Escuchamos a los ministros del Gobierno decir que se está estudiando esto o lo otro, que se hace todo lo que se puede y que los ciudadanos deben tener mientras tanto paciencia porque se encontrará al final una solución. Pero la gente no puede esperar más y no entiende que precisamente un Gobierno de izquierdas como el que preside Pedro Sánchez esté dejando pudrirse sin remedio una situación cada día que pasa más difícilmente sostenible.

No entiende, por ejemplo, la gente, porque no puede entenderse, que se continúe con un sistema de fijación de precios que obliga a pagar el llamado “mix energético” por el coste de la más cara, que es precisamente el gas natural aunque sea minoritario en ese cóctel. Dicen que nos obliga a ello la Comisión Europea: habría que señalar en ese sentido sobre todo a la titular de Economía, Nadia Calviño, que parece la representante de una ciega ortodoxia neoliberal, incapaz de entender lo extraordinario del momento.

Pero otros gobiernos, como el francés o el italiano han tomado ya medidas: han rebajado, aunque sea con carácter tal vez provisional, los impuestos que gravan los carburantes para evitar la asfixia de muchas industrias básicas: desde la de los transportes por carretera hasta la pesca, la ganadería o la agricultura. Es cierto que bajar impuestos, es decir, reducir lo que recauda el Estado, tiene consecuencias negativas. Habrá necesariamente menos dinero con que financiar servicios absolutamente indispensables para el desarrollo de un país –sanidad, educación o investigación y ciencia– cuando se propone además aumentar el presupuesto militar.

La alternativa es aumentar por fin a cambio la presión fiscal sobre quienes más ganan y ante todo elevar los impuestos que gravan los beneficios de ciertas empresas, absolutamente desorbitados en el caso de las del sector energético. ¿Por qué no se hace? ¿Qué poderosos ‘lobbies’, qué puertas giratorias lo impiden? ¿Qué sentido tiene que esté al frente del país un Gobierno de izquierdas si al final va a hacer una política que podría hacer otro de signo distinto?

Una de las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania –lo estamos viendo ya y era fácil predecirlo– no va a ser otra que el aumento de popularidad de los partidos de extrema derecha en este y otros países. Partidos de ideología ultranacionalista, antieuropeísta y, en lo económico, ultraliberal, pero que saben a base de populismo y demagógica aprovechar la frustración de la gente con el actual estado de cosas para hacer su agosto.

Un partido como Podemos, que representó en su día una bocanada de aire fresco en la política española, parece obligado a aceptar las políticas que marca el PSOE de Sánchez y, según vemos en las encuestas, pierde continuamente fuelle.

No puede abandonar la coalición porque equivaldría en este momento a un suicidio político, pero no puede sino ver con preocupación el avance entre la gente trabajadora y en el campo, y no solo en los barrios ricos como el madrileño de Salamanca, del partido de Santiago Abascal.

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