Opinión | DE UN PAÍS

Añadir dolor

A los economistas nos gusta justificarnos tras las fórmulas teóricas que dan por supuestos los comportamientos racionales. Ante un alza de los precios, pensamos que los sindicatos serán prudentes y no pedirán el correspondiente incremento de los salarios; ante el anuncio de restricciones en los suministros básicos, tendemos a creer que los consumidores se abastecerán estrictamente de lo necesario e, incluso, de un poco menos. La realidad obvia la ingenuidad y nos alecciona con severidad.

El encadenamiento de alzas en los precios de los suministros energéticos y las dificultades de aprovisionamientos derivadas de la guerra en Ucrania, están haciendo añicos el cuadro macro y microeconómico que, con mimo e insospechada solidaridad europea, se había elaborado en los largos meses de la pandemia.

Las subidas de los precios de la energía a partir del segundo semestre de 2021 y su inmediata traslación a los productos básicos de consumo provocaron, en las autoridades económicas y políticas, una primera reacción de desdén. “Un poco de inflación no es un problema”, decía en septiembre la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En febrero del presente año la variación interanual del IPC ascendía al 7,6%, una cota desconocida desde diciembre de 1986, con variaciones anuales en los precios de la electricidad del 80,5%, el 28,4% en el gasóleo o el 30% en los aceites comestibles. El gobierno sigue sin reconocer el problema.

La realidad diaria desprecia la razonable teoría económica y actúa en forma de acaparamiento de productos en el mercado y en revueltas de los pequeños empresarios y autónomos de la agricultura, de la ganadería y la pesca que ven cómo sus actividades rinden pérdidas. En estas circunstancias, quien puede para, y quien no, cierra. Se ha equivocado gravemente el gobierno al menospreciar este grito angustiado tachándolo de ultraderechista.

La economía no puede pararse; las huelgas y piquetes no hacen sino agravar una situación de por sí ya deteriorada y sin visos de pronta solución. Empresarios y sindicatos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad y no ligar automáticamente los precios a los salarios. Más inflación afecta a nuestra competitividad como país, perjudica a los pensionistas, a las rentas más bajas y al ahorro. El gobierno puede intervenir de diversas maneras y debe hacerlo. Evitemos, todos, añadir dolor al daño.

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