La polémica suscitada por el pacto de gobierno en Castilla y León revela una clara división de opiniones entre los españoles y la confusión que rodea a Vox. El tercer partido de la política nacional no se presta a una definición apodíctica, no hay acuerdo en lo que debe hacerse con él y su futuro es un misterio. Mientras, exhibe una fortaleza sorprendente y crece, más que en el ámbito parlamentario, en cada convocatoria electoral y en los titulares de prensa. Aunque concita el mayor rechazo entre los electores, particularmente el de las mujeres y los de edades más avanzadas, por el momento sus votantes son los más leales y los sondeos cifran su apoyo electoral en solo dos puntos inferior al del PP. La probabilidad de que consiga la victoria en unas elecciones generales es hoy remota, pero su influencia en la agenda pública, en las reacciones de los partidos, en la formación de ejecutivos y en algunas políticas autonómicas y locales es un hecho.
Según la encuesta más reciente, dos de cada tres españoles lo consideran un partido de extrema derecha. Los votantes de la izquierda, incluido un 40% de socialistas, lo definen como fascista. Para la mayoría de los votantes de derechas es un partido nacionalista o patriota. Cabe en este punto la posibilidad de que el recuerdo sesgado del franquismo, mezclado con las simplezas al uso en el lenguaje político, haya provocado un enorme malentendido. Cas Mudde, uno de los estudiosos más acreditados de los nuevos extremismos en todo el mundo, publicó en 2019 una guía muy útil para clasificar a los partidos radicales, titulada La ultraderecha, hoy, en la que advierte de la irreductible heterogeneidad del fenómeno. En el prefacio que escribió para la edición en español, sostiene que “ni la dirección ni la ideología del partido están directamente manchadas por el fascismo ni por el régimen franquista, aún cuando sí propugnen una visión revisionista de este último”, lo que le lleva a postular que Vox es “una versión ligeramente más radical (y nativista) del conservadurismo convencional, antes que una versión moderada del neofascismo como habían sido la mayoría de los partidos ultraderechistas en España”.
Los españoles tampoco comparten una misma actitud frente a Vox. Una mitad confiesa que siente inquietud o miedo, y opta por evitar el debate, su participación en el gobierno o por ilegalizarlo. La otra mitad es partidaria de tratarlo como un partido normal. Aboga por ello el 72% de los votantes del PP. Buen conocedor del panorama histórico de la derecha radical en Europa, Cas Mudde ha observado que las diferencias de estos partidos con los partidos conservadores clásicos han ido difuminándose, que las democracias tienden a admitirlos en el juego político y que ninguna de las dos estrategias seguidas, el aislamiento y la integración, llevan a conclusiones definitivas.
"El PSOE y el PP tienen la oportunidad de demostrar que actúan por principios y no por estrategia partidista"
Pedro Sánchez ha declarado en Versalles que el acuerdo del PP con Vox para gobernar Castilla y León le causa “profunda tristeza y malestar”, y que supone “un momento grave y crítico para la democracia”. Si piensa así, tendrá que explicar por qué no ha querido arrimar el hombro, como él solicita a diario al PP y el PP le ha pedido, para impedir que se diera esta situación. Feijóo ha renegado en repetidas ocasiones del populismo que atrae a un sector de la derecha y ha atacado al Gobierno por sus relaciones con partidos que impugnan el régimen constitucional, promovieron un independentismo unilateral en Cataluña o tuvieron vínculos con ETA, pero ha sido poco preciso al pronunciarse sobre el acuerdo, alegando que aún no es el presidente del PP y, por tanto, no se hace responsable. El día dos de abril no podrá decir lo mismo. Estará obligado, sin excusas, a clarificar su posición.
Aunque el empeño de Vox, un partido que aspira a suprimir las autonomías, de formar parte de un gobierno autonómico sea un contrasentido, lo que ha trascendido del programa pactado es un conjunto de vagos propósitos que no hará temblar los cimientos del sistema político. En todo caso, sea visto Vox como un síntoma del descrédito de la política española o una amenaza a nuestra democracia, el PSOE y el PP tienen la oportunidad de demostrar que actúan por principios y no por estrategia partidista. La cuestión no se limita a decidir, más o menos interesadamente, si se excluye a Vox. El gran problema de la democracia española es el muro que se ha levantado entre el PSOE y el PP, que impide la colaboración entre ellos y empuja a ambos a buscar los únicos apoyos posibles para gobernar en los partidos radicales. La mejor manera de debilitar a los extremismos de derechas, de izquierdas o nacionalistas, es fortalecer institucionalmente la democracia. Y en eso, el PSOE y el PP no están dando un buen ejemplo.
