Hace algunas semanas vio la luz el informe “Democracy Index 2021”, elaborado por la publicación británica “The Economist”. En el citado estudio se analiza el listón de calidad de la democracia en más de ciento sesenta países, catalogándose los Estados en cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Para efectuar tal clasificación se examinan diversas características, como las normas y procesos electorales, el funcionamiento del sistema de gobierno o el nivel de libertades civiles. De dicho informe se desprende, en general, un retroceso global de las cotas de calidad democrática y, por lo que se refiere a España, desciende varios puestos, abandonando el grupo de las “democracias plenas” para pasar a integrar el de las “democracias imperfectas”.
La principal razón de esta degradación radica en la degeneración de la separación de poderes y en el debilitamiento del parámetro referido a la independencia de la justicia. En esta mala calificación ha presentado especial relevancia el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del tercer poder que acumula más de tres años con el mandato de sus miembros caducado.
Pero los problemas asociados a la renovación del CGPJ no son los únicos responsables de esta situación. “The Economist” menciona la “creciente fragmentación política” y la intensificación de la dicotomía entre el bloque de izquierdas y el de derechas, las erosiones en el sistema originadas por el problema del nacionalismo en Cataluña y, también, la falta de transparencia y el aumento de la corrupción, cuestiones que ya habían sido apuntadas recientemente por la organización Transparencia Internacional, degradando por esa razón a nuestro país en su clasificación.
Esta involución ha sido generalizada en todo el mundo y la radiografía que muestra el presente análisis resulta bastante desoladora. Menos de la mitad de la población del planeta, cerca del 45%, se beneficia de algún tipo de democracia (sea plena o imperfecta), mientras que en torno a un 37% se halla gobernada por un régimen autoritario. El 98% de los latinoamericanos no disfruta de una democracia completa, y solamente en Uruguay y Costa Rica existen garantías democráticas plenas por lo que se refiere a esa zona del globo. En este estudio se pone de relieve que las medidas impuestas por los diferentes gobiernos para frenar la expansión del COVID-19 han degenerado en una pérdida global de calidad democrática. En concreto, se afirma que “los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales”.
"Menos de la mitad de la población del planeta, cerca del 45%, se beneficia de algún tipo de democracia (sea plena o imperfecta), mientras que en torno a un 37% se halla gobernada por un régimen autoritario"
El listado de países que pueden presumir, según esta publicación, de una democracia plena son los siguientes, por orden de clasificación: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Taiwán, Australia, Suiza, Holanda, Canadá, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Corea del Sur, Japón, Gran Bretaña, Isla Mauricio, Austria y Costa Rica.
No se puede negar que con esta clase de análisis se propician lecturas muy diversas, y que no todas las situaciones resisten la comparación. Por ejemplo, la realidad de un pequeño país como Luxemburgo no es comparable a la de un gigante como los Estados Unidos de América a la hora de confrontar datos y contrastar circunstancias. Por otro lado, se recurre a determinados parámetros difícilmente evaluables o cuya potencial influencia sobre el resultado de la calidad de la democracia se torna ambigua. Cuando se incluyen en la misma ecuación los datos económicos, la calidad de vida de los votantes y el funcionamiento de un sistema de gobierno, las conclusiones resultantes pueden suponer objeto de discusión.
Tal vez la desigualdad en las democracias se alce como uno de los puntos más complejos cuando se trata de evaluar a todos los participantes con las mismas reglas. Así, se parte inicialmente de la premisa de que el mayor desarrollo económico produce, por lo general, un efecto positivo en el incremento de democracia, pero se constata que no se traduce necesariamente en un mayor bienestar en la ciudadanía. Se suele hablar de la “paradoja de Easterlin”, según la cual el progreso económico no ha conseguido cambiar apenas la sensación de satisfacción subjetiva de la población.
En cuanto a las elecciones políticas, se presta especial atención a las posibles irregularidades en las votaciones, si el sufragio es universal, si la votación se desarrolla con libertad, si hay igualdad de oportunidades en las campañas electorales y si la financiación de los partidos se ejerce con transparencia. Posteriormente, realizados ya los comicios, se observa si se produce la transferencia de poderes de forma ordenada y si la población puede formar partidos políticos o cualesquiera organizaciones civiles independientes del Gobierno.
Con relación al funcionamiento del Gobierno, reviste especial importancia situarse ante un sistema eficaz que rinde cuentas. También, si el Poder Legislativo constituye la institución política fundamental y si el Ejecutivo se halla libre de interferencias por parte de las Fuerzas Armadas o de poderes u organizaciones extranjeras. Igualmente, se contempla el grado de conexión del poder político con grupos económicos, sociales o religiosos dentro del país, se valora si se garantiza un acceso público a la información y se calibra la cantidad de corrupción existente.
Dentro del apartado de los derechos y las libertades civiles, se otorga una singular importancia a la existencia de medios de comunicación libres y a las libertades de prensa y de expresión, comprobando que los debates de interés público sean abiertos y plurales. No deben existir restricciones en el acceso a Internet, requiriéndose igualdad y ausencia de discriminaciones, tanto de forma individual como grupal.
A tenor de lo expuesto, ¿qué nota le daría usted a nuestra democracia? ¿Dónde colocaría a España en el listado de países del planeta? Y, sobre todo, la pregunta más importante: ¿qué se podría hacer para mejorar esa posición? No nos limitemos a quejarnos y a reclamar que los demás resuelvan los problemas. Parafraseando a John F. Kennedy en su discurso de investidura de hace 70 años, “no pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país”.
*Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional de la ULL
