Dos mil cien millones de euros son muchos euros, como diría Pero Grullo. Demasiados incluso para quienes, manejando cientos de miles más, ven reclamados aquellos por falta de pago, al menos a Galicia, de acuerdo con los cálculos de la Xunta. Y ya ni se hable de los ochocientos millones que, dice el señor Corgos, titular de Facenda, faltan cada año en los fondos autonómicos para servicios públicos esenciales en esta tierra. Ambas denuncias acabarán seguramente en los tribunales, pero tienen su origen en los graves fallos del sistema de reparto y de una ley que, según el gobierno de Zapatero, sería “la cuarta pata del Estado de Bienestar” y se ha convertido, como tantas otras disposiciones de aquella época, en un fracaso, origen de otros parecidos.

Sobre el reparto, la comisión parlamentaria gallega que estudia la cuestión tiene una oportunidad magnífica para pensar en común y resolver en clave de país. De acuerdo con el viejo principio filosófico de la causalidad, “el que es causa de la causa, es causa del mal causado”, muy cierto en el caso de la dependencia, con decenas de millares de personas con derecho a percepción que no se vio satisfecho, y bastantes de entre ellos fallecidos antes de ver resueltas sus peticiones. Y aquí habitaba una proporción notable de ellos, de los que solo una parte recibió lo que le correspondía de acuerdo con la interpretación de esa ley.

(Tuvo el plácet por unanimidad a pesar de que era una norma que implicaba la disposición de cantidades muy importantes de dinero público, pero carecía de memoria económica, que viene a ser lo mismo que dejar a la improvisación el reparto. Algunos dirán que ese dato resulta con mucha probabilidad la causa del mal causado: la difícil aplicación de la ley, el incumplimiento de las obligaciones del Estado –por los tres gobiernos desde su aprobación– que con casi total seguridad tendrá un bastante largo itinerario hasta su resolución final).

Parece probable también que, además de lo expuesto, la farragosa tramitación de las solicitudes, y antes la no menos compleja clasificación entre los diferentes niveles de dependencia de quienes pretendían acogerse a la ley, haya faltado agilidad e incluso la conciencia de lo urgente, que a veces crea presión entre la opinión pública y la traslada a las esferas del poder político. Y es que, siempre partiendo de un punto de vista particular, en la sociedad moderna –y la gallega forma parte de esa modernidad– se minusvalora la condición de mayores, salvo en caso de necesidad.

Por lo que atañe a los fondos comunitarios, las afirmaciones de don Miguel Corgos son tajantes, e incluso podrían resultar hirientes si se comparasen con decisiones de gobiernos anteriores que marcaron la línea que hoy mantiene el del señor Sánchez. Rodríguez Zapatero, recién llegado, regaló a la Andalucía entonces gobernada por el PSOE ocho mil millones en concepto de abono de la “deuda histórica”: el actual, de entrada, dos mil millones a Andalucía para resolver sus apuros en débitos a corto plazo. Como quedó dicho, sería muy útil que la comisión parlamentaria gallega que estudia una posible postura común ante la reforma de la financiación autonómica, ejerciera con más auxilio de la memoria.