Cumplida más de una semana del aviso emitido por el CEO de “Stellantis”, parece como si no se hubiese producido o, lo que podría ser peor aún, no se tomó en serio. Con la excepción del presidente de la Xunta, que rubricó las palabras del señor Tavares, –y de la propia empresa, que supo solventar de momento la crisis de los microchips–, ni el Concello de Vigo, ni la Diputación de Pontevedra ni el Gobierno central reaccionaron como la cuestión se merece: con requerimientos a quien corresponda no ya para obtener respuesta, sino para adoptar las soluciones adecuadas.
(Más bien al contrario: de una forma al menos superficial –o quizá para distraer la atención– se ponen sobre el tapete una serie de reivindicaciones que quizá fuesen óptimas para un futuro indeterminado, pero que ahora entran de lleno en la reflexión del filósofo que advirtió que en ocasiones “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Y lo bueno para Vigo, para la provincia de Pontevedra y para Galicia entera es lo inmediato, la satisfacción de las peticiones de la antigua Citröen” y así permitirle ampliar horizontes de continuidad y de producción. Y agilizar el dinamismo económico y tecnológico en un sector clave).
Otro de los silencios –estruendosos, por raro que parezca– es el que recae sobre una noticia publicada por este periódico hace apenas unas horas, que daba cuenta del lugar –el décimo– ocupado por Galicia en el ranking de los Fondos Europeos para la reconstrucción recibidos por las comunidades españolas. Algo que se explica desde el criterio, casi en exclusiva, del número de habitantes, lo que equivale a decir que no se han considerado las solicitudes de la Xunta para que factores como la edad media y/o la dispersión poblacional se considerasen a la hora de distribuir los recursos. O si se ha hecho ha sido de forma tangencial.
Ese dato debiera ser valorado, por ejemplo, en la comisión parlamentaria gallega que analiza –parece que con buena perspectiva– la posibilidad –y los términos– de llegar a un acuerdo “de país” sobre la financiación autonómica entre los tres grupos presentes en la Cámara. Porque las justas reivindicaciones galaicas, y los motivos por las que se formulan, son conocidas y válidas no solo para la reconstrucción, sino también para la reparación de los datos causados por la pandemia y los costes que la singularidad geopoblacional de Galicia supone.
Conviene tomar nota de cómo lo atiende el Gobierno, conste, porque hay otros silencios poco explicables. Silencio de casi todas las fuerzas políticas que aquí operan, con la lógica excepción de la que respalda a la Xunta, hacia las reivindicaciones del Ejecutivo autonómico. Y que, al menos desde la opinión personal, no solo son justas, sino leales: incluso cuando se han llevado a los tribunales se hizo con requisitoria previa, discreta, para no convertirla en instrumento de polémica, y obtuvo otro mutis, la callada por respuesta. Ese es también un silencio que, paradójicamente, debiera considerarse desleal por la sociedad gallega, quizá demasiado acostumbrada a ver, oír y no abrir la boca: mal hábito en tiempos de turbulencias y favoritismos.
