Es probable que alguien piense que las declaraciones del CEO de Stellantis, señor Tavares, advirtiendo de riesgos tan graves como “el fin de treinta años de éxitos” en el sector de la automoción no justifiquen el planteamiento –simbólico– de un “estado de alarma” económica. Pero si se tiene en cuenta el conjunto de la denuncia, y sobre todo la dimensión de lo que supone la factoría para el suroeste y para toda Galicia y la circunstancia por la que atraviesa el sector industrial gallego, es otro cantar. Como lo es si se añade a la importancia estratégica de la antigua “Citroën” para la investigación y la tecnología del país.
En este punto, y en referencia a lo dicho por el señor Tavares, no puede omitirse el dato del silencio del Gobierno de don Pedro Sánchez a las peticiones de información acerca de la ubicación de la fábrica de baterías para coches eléctricos. Algo que se agrava aún más por la torpeza de la coalición no sólo en. la ausencia de noticias sobre otra conditio sine qua non de Stellantis para su continuidad aquí –la conexión con una línea de Muy Alta Tensión, MAT–, sino la sorprendente actitud de una ministra que aludió al asunto con un “se estudiará”, como si el tiempo no contase.
La denuncia es muy dura, se dirige al Gobierno central y no podrá ser acogida como algo “artificial”. Que es la monserga que el complejo de Moncloa se ha inventado para desviar la atención de lo que le disgusta. Y no podrá definirse así, ni relacionarse con motivos electorales, porque no es la primera y se formula desde el sector privado de Galicia y hacia Madrid en un tiempo en el que no hay urnas ni aquí ni allá. Aparte de que por más que se empeñen Bolaños –el sucesor de Redondo, caído ya en desgracia tras los servicios prestados– o Tezanos en insistir en que una mentira repetida mil veces se convierta en verdad, ya nadie traga con eso.
Con las cosas así, es imprescindible, para Galicia y más allá, que los partidos con apellido “deG”, de amplia representación total en las Cortes, intervengan en el Congreso para exigir que se trate a la comunidad y a su industria como corresponde. Es decir, con respuestas inmediatas y satisfactorias para la empresa y para el país ante la posibilidad de algo tan grave como perder a su buque insignia en el empleo directo e indirecto. Cierto que lo que se plantea es complejo, pero ha llegado la hora de demostrar que los gallegos y gallegas en el Parlamento del Estado tiene alguna otra misión que la de obedecer a sus jefes centrales.
Queda espacio para una reflexión que acompañe a las opiniones –personales, como siempre– expuestas. El conjunto de torpezas que diferentes Ministerios –y la Presidencia– han cometido para con Galicia es de tal volumen que se hace difícil evitar la sospecha de que sean intencionados: no se afirma ante la imposibilidad de probarlo, pero sí cabe echar mano de la sabiduría del refranero para recordar lo de “piensa mal y acertarás”. Por esa posibilidad, y por la defensa del bien común en Galicia, la Xunta y los tres grupos parlamentarios tienen que dar un paso al frente, denunciar con toda con tendencia cuanto pasa y decir “basta”. Porque, aunque sea impropio, hablar de estado de alarma económica en Galicia no es exagerar: es quedarse corto.
