Es más que probable que cualquier Gobierno democrático, incluso los de peor calidad –en la Europa opulenta hay un par de ellos, al menos– hubiese dimitido en bloque tras recibir, como sucede con el español, una serie de bofetadas institucionales de enorme gravedad. Y es que el único poder independiente de un Estado de Derecho, el judicial, mantiene –por fortuna y a pesar de los variados intentos de los diferentes partidos para controlarlo– aquí todavía esa condición, que es la mejor garantía para que el sistema no se degrade. Y no se habla de simples “collejas”: la lista de rechazos, y avisos, es en plena cara y de primer nivel.
Y es que, siquiera a título de recordatorio, conviene citar en la lista de bofetadas desde la primera, cuando el Supremo anuló una frase de la sentencia de un juez en uno de los “casos Bárcenas”, que sirvió de pretexto para la conspiración parlamentaria que acabó con el señor Rajoy, hasta la reciente del Constitucional. Esta es mucho más grave aún, al declarar la ilegalidad del estado de alarma con el que el gobierno afrontó la crisis del COVID-19 y asumió más poderes que el sanitario. Solo por vergüenza democrática, en otra Moncloa habrían echado el cierre.
Pero hay otro “detalle” por el que la sociedad española –y la gallega– debiera estar agradecida al poder judicial. Hasta ahora, fueron solo los magistrados –algunos– quienes han impedido los desmanes que pretendía la extrema izquierda –incluida la camaleónica ministra Yolanda Díaz– con proyectos de intervencionismo directo, en la línea de Cuba, Venezuela o Nicaragua, que son los modelos que le gustan a los de Podemos. Y quien lo dude debería repasar el contenido de la presunta Ley de Vivienda, o la posición podemita ante la respuesta legal a las okupaciones. Resultaría, esa lectura, muy ilustrativa.
Es por eso, por la fe en la independencia del poder judicial –que no implica la apoliticidad de sus señorías, pero sí su apartidismo en el ejercicio de la función–- por lo que, y siempre como opinión personal, se ha mantenido la conveniencia de que la Xunta de Galicia acuda a los tribunales para defender no ya su derecho, sino el de toda la población de este Reino. Ahora ha advertido con ello caso de que no se logre la equidad en el reparto de los fondos europeos: debería saber que “avisar” a este gabinete del señor Sánchez solo sirve para darle tiempo a escabullirse. Pero aun así, es mejor que no reclamar.
Lo que ha sucedido en estos tres últimos días –la escandalera podemita y de algunos sanchistas para hacer méritos en el escalafón– acusando de modo directo o a través de sus mercenarios al CGPJ y demás de estar al servicio de la “derecha”, cuando no del “fascismo”, como ya hicieran cuando los indultos a los sediciosos catalanes que el Supremo no avaló, es algo mas que un pataleo. Es otro episodio de una turba que no se resigna a fracasar en sus intentos de liquidar lo que los españoles se dieron en 1978. Convendría no dejarse engañar por el griterío, porque en el fondo pretende hacer que todo quisque marque el paso aquí: como con Franco, pero al revés.
