Pablo Casado, a través de Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado elecciones anticipadas en Castilla-León el 13 de febrero y de facto ha abierto así una maratoniana campaña electoral que no acaba el 13 de febrero, sino que seguirá este mismo año con las anticipadas andaluzas y en 2023 con las autonómicas y municipales de primavera. Estación final: las elecciones generales de finales de dicho año.
¿Qué pasará entonces? Mucho dependerá de estas sucesivas elecciones y de la economía. Hoy por hoy el Gobierno tiene a favor los buenos datos de empleo y en contra la inflación (6,7% en diciembre) que puede distorsionar todo y provocar un alza de los tipos de interés. La economía será clave, pero no es el único factor. Felipe González ganó en 1993, en plena recesión, y perdió en 1996, por agotamiento, cuando la crisis remitía. Rajoy (y Aznar) perdieron en el 2004 en pleno boom por los excesos del aznarato y los atentados de Atocha. Hoy, encuestas solventes apuntan a un empate entre el PSOE y el PP con grandes dificultades tanto de Sánchez como de Casado para la investidura.
El resultado de 2023 está en el aire y Casado ha abierto el juego en Castilla-León. Pretende ganar confiando en la debacle de Cs (12 escaños en 2019) y cogiendo por sorpresa a Vox y a las candidaturas de la España vaciada. También que el PP deje de vivir pendiente de su guerra con Isabel Díaz Ayuso e iniciar con ventaja los dos años de campaña. Pero nada es seguro. El candidato de Cs, Francisco Igea tiene personalidad y Vox está en alza en toda España. Si al final Mañueco depende de Vox y la ultraderecha exige estar en el Gobierno, la victoria puede resultar deslucida y la batalla en el PP de Madrid agriarse todavía más.
“La permanente pésima relación entre el PP y el PSOE puede estar empezando a perjudicar a ambos según se deduce de algunas encuestas”
El Gobierno ha tenido una victoria política pactando la reforma de la reforma laboral del 2012 (no su derogación) con los sindicatos y la patronal. Y Yolanda Díaz ha mostrado capacidad de encaje. Una negociación exige ganar en algunas cosas y perder en otras. Por eso la CEOE, con reparos relevantes, ha firmado un pacto en el que Garamendi ha estado muy asesorado por Fátima Báñez, la exministra de Trabajo de Rajoy.
Garamendi cree que el aval de CC OO, UGT, Podemos y el PSOE a una parte relevante de la flexibilización de 2012 es un buen pacto porque genera estabilidad y evita lo peor (la derogación). El PSOE cree que salva su palabra y la relación con los sindicatos y que la entente con el empresariado es positiva para el crecimiento y será bien vista en Bruselas. Yolanda Díaz –más de CC OO que de Podemos– sabe que en una negociación no se gana por goleada y que pactando ha evitado quedar arrinconada en “la esquinita a la izquierda del PSOE” Y los sindicatos satisfechos, no exultantes, porque recuperan poder.
A medio plazo el éxito de la reforma dependerá de si reduce la temporalidad sin obstaculizar el empleo. Pero de inmediato el gran problema es que el Gobierno no tiene asegurada la mayoría para aprobar el decreto-ley porque, por ahora, el PNV (menos), ERC (más) y Bildu (mucho más) están en contra. Y sin convalidación, Sánchez tendrá una aparatosa derrota antes de las elecciones de Castilla-León, cuya campaña ha empezado mal por las genialidades de Alberto Garzón, que hace más de tertuliano que de ministro. Si Garzón fuera del PSOE sería cesado…, pero no lo es.
Casado también sufre daños por su oposición total a la reforma pactada con la CEOE. Sigue de tribuno de una oposición feroz y descuida su papel de líder tranquilo, capaz degenerar confianza e ilusión para ganar voluntades y gobernar. Rajoy e incluso la FAES de Aznar se lo reprochan, aunque solo sea a media luz.
El factor nuevo es que el choque permanente entre el Gobierno y el PP puede empezar a perjudicar a ambos. Cuando el bipartidismo no funcionó (crisis del 2008) surgieron Podemos y Cs. Pero ahora, con el sistema crispado al máximo, la oposición más extrema es la que engorda. La última encuesta quincenal de IMOP dice que desde el 24 de noviembre el PSOE y el PP han perdido a partes iguales 900.000 votos. Y suben Vox (67 escaños frente a 52 en 2019) y con menos fuerza las CUP, Bildu y el BNG.
Es lógico que el PP y el PSOE se lleven mal, pero no favorece a ninguno de los dos que la relación sea peor que pésima.
