La Administración pública española tiene un serio problema. Y no es la corrupción o la incapacidad de sus empleados. La primera es excepcional y la segunda no es, afortunadamente, la norma.
El problema es que no sirve bien porque no se ha adaptado a los cambios que se han producido en el entorno. Un entorno ciudadano y empresarial en el que ha aumentado enormemente la velocidad y agilidad; en el que las personas físicas y jurídicas demandan transparencia e información sobre procesos y resultados; en el que la migración en busca de administraciones públicas más ágiles es cada vez más sencillo y probable; en el que se demandan servicios públicos cada vez más sofisticados e inteligentes, que requieren abandonar la inercia y apostar por el talento y la innovación; en el que la colaboración público-privada es fundamental para afrontar retos transformadores y desplegar buenas políticas de desarrollo económico en un territorio.
Un entorno nuevo exige una administración pública nueva. Para diseñarla, recomiendo la lectura del informe publicado estos días por el Instituto Nacional de Administración Pública bajo el título que encabeza esta columna; un fruto del trabajo del Comité de expertos convocado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública hace unos meses.
Los expertos convocados han optado por un informe más conceptual que de detalle, para incidir en 13 ideas fuerza sobre las que, sin duda, habría que concretar en fase ulterior. Las compro todas. Y solo espero que no caigan en saco roto. Para ello, es fundamental que canalicemos bien la presión social. Porque de poco vale quejarse en la barra del bar de lo lento que se tramitan los permisos, del despilfarro de tal o cual proyecto, de la incapacidad de la administración de liderar estrategias de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es doblegar las resistencias y situar la reforma de la administración pública entre los grandes asuntos de Estado. El impulso a las agencias y la gestión por proyectos, la profesionalización de la dirección pública, la evaluación de programas y políticas públicas, la mejora de los procesos de selección, la gobernanza del dato al servicio de las personas…
Y a la espera de que a escala española comencemos con la tarea: ¿por qué Galicia y la Xunta no se animen a ser líderes de este cambio en su propio espacio? Hay asuntos sobre los que no hay que esperar y contamos con las competencias.
*Director de GEN (UVigo) y del Foro Económico de Galicia
