Como informó este diario en su momento, la Comisión Europea aprobó su Estrategia sobre biodiversidad 2030 para la UE. Entre otras medidas, dicha estrategia prevé convertir al menos el 30% de la superficie marina de Europa en zonas marinas protegidas. Estas medidas deberán estar en vigor en 2030 a más tardar. De ahí la expresión “biodiversidad 30x30” con la que se conoce popularmente. Este plan anticipa la decisión que, con toda probabilidad, adoptará en 2022 la Convención por la Diversidad Biológica (CBD en su sigla inglesa), de la que la UE es parte activa.
Los detalles de la aplicación práctica de esta estrategia están todavía por decidir pero, en lo que concierne a los océanos, la estrategia establece que, partiendo de la actual red de espacios marinos protegidos bajo el programa Natura 2000, los Estados miembros de la UE deberán establecer zonas marinas protegidas adicionales hasta alcanzar el objetivo del 30%. La Comisión establece, sobre esta iniciativa, que: “Esto supone limitar la sobreexplotación de las poblaciones de peces a los niveles de rendimiento máximo sostenible o por debajo de ellos (es decir, a niveles que ofrezcan un futuro saludable a la biomasa de la población de peces); eliminar las capturas incidentales, o al menos hacer que disminuyan hasta niveles que no resulten peligrosos, a fin de proteger a las aves, las tortugas y los mamíferos marinos, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de extinción o en malas condiciones; y combatir las prácticas que dañan el lecho marino”.
Dichos objetivos, que parecen gozar de un amplio apoyo por parte de los departamentos de Medio Ambiente de una gran mayoría de los Estados miembros, podrían tener importantes consecuencias para la pesca. No solo podrían limitar considerablemente las zonas marítimas accesibles a la pesca, sino que la estrategia establece la posibilidad de que las poblaciones de peces se exploten por debajo de los objetivos de la propia política común de pesca (PCP): el máximo rendimiento sostenible. También se establece el objetivo de lograr ciertos niveles de biomasa de las especies, mientras que la PCP establece sus objetivos en términos de mortalidad pesquera, mucho más realista por cuanto la biomasa depende en gran medida de condiciones ambientales fuera del control de la gestión pesquera. Esto llevaría a medidas más restrictivas que las actuales. Además, el desplazamiento de las especies marinas como resultado del cambio climático hace de las zonas marinas protegidas fijas un instrumento con alta probabilidad de obsolescencia.
Entre la política medioambiental de la UE y la PCP no hay jerarquía jurídica: los objetivos de cada una de esas políticas no pueden prevalecer sobre los de la otra: la clave está en alinear ambas políticas de manera equilibrada. Y ese es el gran reto que plantea esta estrategia de biodiversidad: los elementos arriba citados parecerían apuntar a que la política medioambiental prevalecería sobre la pesquera. Por ello es muy importante que las administraciones pesqueras, y las partes interesadas, participen de lleno en las discusiones que tendrán lugar para llevar a la práctica los objetivos de la estrategia, de manera que las medidas concretas para alcanzar dichos objetivos sean equilibradas, asumibles y respeten los objetivos de la PCP.
Una cuestión fundamental, en este contexto, es el de la búsqueda de alternativas al cierre puro y simple de amplias zonas marinas a la actividad pesquera. Es muy importante destacar que existen alternativas a las zonas marinas protegidas como instrumento para proteger la biodiversidad: las llamadas “otras medidas de conservación equivalentes” (OECMs en su acrónimo inglés), es decir, otras medidas de gestión que permitan preservar la biodiversidad marina sin eliminar la actividad pesquera. En la estrategia anterior de la CBD en 2010 (reservar 10% de los océanos como zonas protegidas a mas tardar en 2020, los llamados objetivos de Aichi), ya se admitía la posibilidad de que los objetivos de zonas marinas protegidas se lograsen, en parte, a través de OECMs.
Estas OECMs han sido aplicadas en buen número de casos por varias organizaciones regionales de pesca en la gestión de los recursos pesqueros, con gran éxito. Existe ya una amplia experiencia en el diseño de este tipo de medidas alternativas al cierre puro y simple de ciertas áreas del océano, que pueden lograr los legítimos objetivos de preservación de la biodiversidad y, al mismo tiempo, permitir una actividad extractiva, conforme a los objetivos de la PCP. Es significativo que algunos países del mundo, que gozan de un gran prestigio por sus políticas medioambientales, hayan alcanzado los objetivos de Aichi en gran parte a través de OECMs, y no solo a través de zonas marinas protegidas.
Las OECMs forman parte también del objetivo 30x30 el nuevo marco de protección de la biodiversidad post 2020. La CBD ha adoptado una clara definición de las OECMs y los criterios para su aplicación. En el marco de las futuras discusiones sobre la aplicación práctica de los nuevos objetivos de conservación de la biodiversidad marina, es muy importante destacar que las zonas marinas protegidas no son la única solución: la experiencia de las OECMs ofrece un gran potencial para proporcionar soluciones equilibradas y asumibles entre los objetivos de la política medioambiental y la pesquera. Y estas soluciones requerirán una participación activa de todos los intereses implicados.
