Ha dicho el señor presidente de la Xunta que la advertencia de Audasa acerca de la reclamación económica para el caso de que se le retire la concesión de la Autopista del Atlántico es “una medida de presión al Gobierno”. Algo más que probable, pero incompleto: en el fondo, los presionados serían, además de don Pedro Sánchez y su séquito, la totalidad de las fuerzas políticas gallegas que votaron a favor de que la AP-9 pase a la Xunta y, sobre todo, los millares de automovilistas que la recorren a diario. Y el país entero: el expresidente señor Pérez Touriño calificó, en un libro de hace varios años y con mucho acierto, a esa vía de comunicación como “esencial” para el antiguo Reino.

Y no ha perdido en absoluto –más bien lo contrario, a pesar de las autovías– aquella condición. De ahí que, ante un posible conflicto en el que se barajen cifras astronómicas, cabe recordar que fueron dos gobiernos de diferente color los que de un modo u otro colaboraron en la prórroga –hasta los años cuarenta de este siglo– de la concesión. Con contrato rubricado y compromisos cerrados: de ahí que la concesionaria haya declarado su firme intención de exigir que se cumpla lo firmado y, en caso contrario, reclamar daños y perjuicios. Algo que, en un Estado de Derecho, resulta del todo lógico, por más que desagrade a todos los demás.

Por cierto que, en hablando de desagrados, no es pequeño el que debería sentir la sociedad gallega con quienes –alegando que era una medida necesaria para que los peajes no se encarecieran más– accedieron a una prórroga de cesión que ya entonces pareció excesiva, y que más parece una victoria para Audasa que para los gobiernos, incluida la Xunta. Y que, y eso es ya el colmo, no sirvió para el objetivo que en teoría se buscaba, por razones tan chuscas como que alguien “olvidó” que una parte de los aumentos respondía a un impuesto europeo, con lo que la supuesta justificación de la cesión era, además, una chapuza.

En este punto, procede recordar que la historia de la autopista y sus circunstancias “patrióticas” tiene un precio a todas luces excesivo, y podría dar lugar a otro pleito de los varios que tiene ya en lista de espera tanto la Xunta como el Gobierno central, entre ellos y frente a terceros. Y, dicho con toda franqueza, aquí podría aplicarse aquella maldición que atribuyen a la raza calé y que en síntesis decía lo de “tengas pleitos y los ganes”, aludiendo seguramente a las pocas posibilidades que muchos litigantes de sacar sus asuntos delante ante los tribunales. Así que ojo.

En este punto, y en referencia al asunto de las autopistas y sus peajes, viene a cuento citar aquí el cálculo que la Xunta ha hecho acerca del coste de la aplicación de rebajas en el peaje de la AP-53, quizá del más caro de España, y saldría el asunto por un puñado de millones. Lo que no se sabe es a cuál de las cuentas habría que cargarlos, si a las centrales o a las gallegas. Este “detalle” es tanto más importante cuanto el tramo del pago llega más o menos de Santiago a Lalín, que construyó por iniciativa personal del entonces conselleiro, ya fallecido, don José Cuiña tras el rechazo el Gobierno de Aznar de encargarse del proyecto. Después, el bipartito presidido por el señor Pérez Touriño remató la obra, en modo autovía, hasta Ourense: cabe preguntar qué pasará con ese “mixto” y quién acabará abonando la factura pendiente. Aparte de los contribuyentes, por supuesto.