Que la inflación ha vuelto a nuestras vidas no resulta ya un secreto para nadie. Lo acaba de reconocer el todopoderoso presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alertando de que, seguramente más pronto que tarde, será preciso endurecer la política monetaria –tipos al alza y menos políticas de estímulo– si se quieren evitar repuntes más duros en el futuro. Ya veremos si cumple su palabra, o cómo la cumple, porque no debemos olvidar que una eventual recesión económica coincidiría con la segunda mitad del mandato del demócrata Joe Biden y la alternativa al presidente norteamericano ya sabemos cuál es…, Donald Trump. Lo mismo puede decirse de la Unión Europea, que se enfrenta al fantasma de la inflación, por un lado, y al del hiperendeudamiento de los Estados, por otro, con la madre de todos los populismos –unos de derechas, otros de izquierdas– al fondo.
"Más inflación supone más ingresos para los gobiernos –al menos de entrada– y un ajuste natural de la deuda, sin necesidad de mayores recortes"
La inflación erosiona el sueldo de los trabajadores y de la clase media, pero desatasca la relación de la deuda con el PIB y reduce su peso. Más inflación supone más ingresos para los gobiernos –al menos de entrada– y un ajuste natural de la deuda, sin necesidad de mayores recortes. Quizás algunos hayan pensado en esto (hace años que los bancos centrales anhelan la subida de los precios dentro de unos márgenes), a la espera de que el ciclo alcista de las materias primas y la energía se reajuste a sí mismo en unos meses y el cuello de botella causado por la apertura acelerada de la economía, tras el primer shock de la pandemia, se normalice pasado el invierno. Quizás –todo quizás–, porque nada sucede como planeamos y aún menos como deseamos que ocurra. Una vieja regla de nuestros padres nos advertía que no jugásemos con fuego o que, si lo hacíamos, nos quemaríamos. Más pronto o más tarde acabamos quemándonos. Ninguna baraka dura eternamente.
Pero, para empezar, lo que las tasas de inflación significan es mayor pobreza para los ciudadanos. Después de dos décadas de un ajuste enorme de los salarios –y de una regresión en la calidad del empleo también significativa–, el trabajador llega al momento presente exhausto y sin aliento. Y, peor aún, sin expectativas. Es el caso desde luego de nuestro país que, tras cuarenta años de crecimiento prácticamente ininterrumpido –los que van de 1960 a 2000, con los valles propios de los ciclos capitalistas–, ha recaído de nuevo en lo que hemos sido estos últimos dos siglos: un país pobre, carente de industria y perdido entre los pliegues espectrales de su memoria. Un país pobre pero con un destino marcado podría suscitar optimismo. En cambio, un país pobre, sin proyecto de futuro y enfrentado a sus fobias seculares mueve a la desesperanza y a la decepción. No deja de ser significativo que los trabajos mejor remunerados y con mayor proyección a día de hoy en España estén relacionados con la construcción y, por tanto, con poco aporte de productividad. No sólo somos un país pobre en el contexto europeo, sino también un país con una economía anticuada, poco preparado para los retos modernos.
Es de temer que el oleaje inflacionario que ya nadie niega –un 5,6% anual en cifras oficiales– acelere la precarización de nuestro bienestar. Ningún fondo europeo, por muy cuantioso que sea, nos salvará de nuestra incapacidad para encarar con decisión el presente.
