Los candidatos al Tribunal Constitucional surgidos del acuerdo entre el PP y el PSOE comparecieron ante la Comisión de nombramientos del Congreso a fin de ser “examinados” por los diputados a quienes se encomendó tal tarea, en rigor innecesaria dado que todos ellos venían con pasaporte visado. Pero, pese a ello, no todos pasaron el casting sin tropiezos. En efecto, llegado el turno del candidato Enrique Arnaldo, el diputado socialista Odón Elorza se desahogó a gusto vapuleando al aspirante con un interrogatorio pungente, dañino; aquello fue una auténtica catarata de tachas en forma de preguntas con las que iba desgranando todo un repertorio de máculas en el currículum del candidato del que exprimió el jugo amargo de su ineptitud, y lo hizo con tal dedicación y que hasta el oyente más desapasionado quedó convencido de que un hombre con aquel historial poco ejemplar no podía ocupar sitial alguno en tan alta instancia como es el Tribunal Constitucional.
Las preguntas de Elorza iban saliendo de su boca trufadas de comentarios descalificadores, para al final emitir, a modo de rejón, un dictamen de este tenor: “Queda la percepción de que le puede resultar difícil ser, de entrada, un magistrado independiente y ejercer con imparcialidad, que es el alma de la justicia, su función en el Tribunal Constitucional para conocer de una serie de asuntos”.
Pero es que ya antes de pronunciar estas palabras, sin recato alguno le había adelantado que su candidatura generaba “desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional”.
Pero, una vez explicados sus enormes recelos acerca de la aptitud –y eventual actitud– del aspirante, y después de persuadirnos de la inconveniencia y gravedad de su nombramiento, el portavoz socialista, plegado a las exigencias del acuerdo negociado, votó a favor, al igual que lo hicieron el Partido Popular y Unidas Podemos, salvando así el trámite requerido en el proceso de renovación del Constitucional. No sé si en ese momento hizo uso de la pinza nasal o simplemente, por imperativo de sumisión, aguantó el hedor y votó en sorprendente antítesis con su cristalina opinión. No obstante, y saliendo al paso de los reproches de incoherencia, explicó que la política obliga a ciertos malabarismos.
Y llegamos a la votación en el Pleno del Congreso. En tal trance, y después de algunas manifestaciones un tanto equívocas, aprovecha el voto personal para romper la llamada “disciplina de partido” y votar en contra de la designación de Arnaldo para el Tribunal Constitucional. Como es lógico, la inmensa mayoría de los diputados de los partidos negociadores se atuvieron, obedientes y sumisos –pro pane lucrando–, al mandato de sus jefes de partido.
De entre las muy diversas consideraciones que este episodio me suscita, me limitaré a solo algunas:
Primera: en Comisión, Elorza vota para el partido por razones de obligada sumisión a un acuerdo pactado por su partido; en el Pleno, sin embargo, vota para la galería o para su conciencia, vaya usted a saber, cuando ya sabía que ese voto negativo era irrelevante al no impedir la elección del candidato, con lo que con esta peripecia se obtiene el mismo resultado que el de su actuación en Comisión. A muchos votantes les resultará difícil entender –y aceptar– este juego. A nadie se escapa que una vez los militantes de los partidos ocupan sus escaños respectivos en el hemiciclo, dejan de estar a disposición de su electorado, porque están a lo que el jefe de filas disponga, de quien depende su próxima inclusión en las listas, previo pago, claro está, del precio debido que es la sumisión a la consabida “disciplina de partido”. Los parlamentarios representan a la nación, no a los partidos (tampoco, según la doctrina constitucional, a sus votantes), pero después, de hecho, actúa cada uno por y para su respectivo partido. Son mandados del partido y, por ende, de sus jefes. Es lo que tiene la oligarquía de partidos.
Segunda: Unidas Podemos, que tanto fustigó el bipartidismo, entra al trapo y comulga con sus ruedas de molino.
Tercera: la rigidez chantajista con la que el PP “negocia” la renovación de las instituciones es hipócrita, innombrable e indisculpable.
Cuarta: que contra viento y marea el PP se empecine en un candidato prácticamente reprobado dice muy poco de su respeto por las instituciones. Pero el PSOE no está exento de culpa. No vale justificarse con la argucia argumental de que solo se hace cargo de “sus” candidatos, y que es el PP el que debe responder por las personas que ha propuesto. También se repite en el PSOE que, en definitiva, el bien mayor es la ansiada renovación de las instituciones. No, señores, no; no nos engañemos, o mejor, no nos quieran engañar; el bien mayor, sin duda, es el cuidado y respeto por las instituciones. El permanente deterioro a que se ven sometidas tiene, a la larga, consecuencias muy graves.
Y como coda, la extravagante salida de la ministra de Defensa que cierra filas con el cambalache cuando en infeliz ocurrencia propone que el juicio sobre el candidato sea posterior a su nombramiento y en función de su conducta. O sea, es irrelevante una comprobación ex ante de las condiciones del candidato; juzguemos ex post, por sus actos. Es fácil adivinar las consecuencias de la aplicación de semejante agudeza. Quede para la antología del esperpento en que se está convirtiendo la política de este país, y entonemos con la recordada y añorada Cecilia: “¡Esta España mía, esta España nuestra, ay, ay…!
