El país más rico y al mismo tiempo, junto a China, el más desigual del planeta registra un triste récord de muertes por sobredosis: casi 100.000 desde abril de 2020 hasta marzo de este año. Son estadísticas nada sospechosas porque son las proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dependientes del Gobierno de Estados Unidos.
Muchas de esas muertes –más de 16.000 según otro organismo oficial, la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Fármacos)– están relacionadas con medicamentos conocidos como opioides.
Al menos desde un proceso de hace ya catorce años está demostrado que grandes laboratorios farmacéuticos inundaron el mercado estadounidense con ese tipo de productos, de los que hicieron una publicidad engañosa.
Algunos de esos laboratorios, además de quienes comercializaron esos opioides, han sido llevados ante la justicia y tratan de evitar posibles multas multimillonarias llegando a acuerdos extrajudiciales con los demandantes. Uno de esos productos es el oxycontin, empleado en el tratamiento del dolor continuo y sobre el que las autoridades sanitarias advierten ahora de que puede causar adicción, sobredosis o incluso la muerte. Fabricado por la empresa Purdue, ese opioide semisintético fue autorizado en 1995 por la FDA, y, según ella, podía administrarse dos veces en forma de píldora.
Pero el fabricante se cuidó muy bien de informar al público de que podía crear dependencia y obligar al paciente a tomar dosis cada vez mayores. Está también el fernatilo, otro opioide utilizado en medicina por sus efectos analgésicos, que en Estados Unidos algunos mezclan con la heroína, la cocaína o el cannabis, y que ha provocado también muertes por sobredosis.
Según declaró al semanario “Der Spiegel” el médico Andrew Kolodny, de la Universidad Brandeis, de Massachusetts, muchos opioides recetados por los médicos hicieron que muchos acabaran cayendo en la drogodependencia. Kolodny considera que la agencia del gobierno estadounidense no cumplió debidamente su obligación de proteger la salud pública al autorizar tan fácilmente esos medicamentos sin que ello le haya pasado factura. El médico estadounidense critica algo que todo el mundo sabe, y es que la industria farmacéutica encabeza las donaciones a los partidos políticos de aquel país.
"La industria farmacéutica encabeza las donaciones a los partidos políticos de Estados Unidos"
En las últimas elecciones norteamericanas, dos tercios de los miembros del Congreso recibieron dinero del sector farmacéutico.
El pasado marzo, la familia Sackler, propietaria de los laboratorios Purdue, se declaró insolvente tras hacer frente a una de las mayores demandas presentadas allí contra esa industria. Esa familia, cuya fortuna se calculó en 14.000 millones de dólares en 2016, ofreció distribuir entre los demandantes 10.000 millones de dólares de lo que quedaba de su empresa Purdue Pharma, de los cuales 4.300 millones de su patrimonio personal en un plazo de siete años.
Pero, como señaló la propia prensa norteamericana, hay truco y es que la insolvencia tiene como consecuencia la inmunidad jurídica de forma que nadie podrá demandar ya a esa familia por las muertes debidas al oxycontin.
A principios de septiembre, un tribunal neoyorquino aceptó la propuesta de los Sackler y, aunque se han presentado objeciones al acuerdo extrajudicial, esa familia, que ha aprovechado el tiempo para poner a salvo su patrimonio en varios paraísos fiscales, seguirá figurando entre las mayores fortunas del país. Según Kolodny, mientras no se exijan responsabilidades personales, no cambiarán las cosas ya que los laboratorios podrán siempre declarar a Hacienda las multas que se les impongan como “gastos derivados de la actividad empresarial”.
