La subasta

Ante el hecho, incontestable, de que a este Gobierno lo que le gusta de verdad es el gasto, no ha de extrañar que ahora abra una subasta. No tanto para obtener dinero, ni siquiera para ahorrarlo, sino para tratar de que alguien se crea su preocupación por la igualdad de trato entre las diferentes comunidades Y para lograrlo su presidente anunció en Valencia que repartirían por el mapa de España las sedes de las instituciones, hasta ahora en su mayor parte ubicadas en la capital. Lo que, dicho sea de paso, se interpretó como parte de una supuesta campaña gubernamental –y socios– contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso.

Más allá de la especulación, hay algo que parece evidente: lo que se va a producir será una especie de subasta entre autonomías para quedarse, si pueden, con las “piezas” más apetitosas. Es cierto que, tal como acaba de informar este periódico, el anuncio del señor Sánchez se matizó después con la referencia a que el reparto de sedes se refería a las de nueva creación –lo que, por cierto, parece suponer aumentos en la Administración, siendo así que la UE advirtió ya sobre el peligro del gigantismo–, pero no parece que eso vaya a impedir los codazos.

Item más: ahora mismo hay ya suficientes motivos de discrepancia, por no decir roces, en España como para añadir unos cuantos, que solo incrementarían la sensación de que a este Gabinete le va mejor manteniendo a la gente entretenida en asuntos menores que resolviendo los problemas auténticos. El ejemplo más claro sigue siendo el de la lucha contra la pandemia del COVID –que parece a punto de una sexta ola: en Europa ya se nota–, que Moncloa dejó en manos de las autonomías aunque se apunta los éxitos ajenos como propios. Que, dicho sea de paso, es otro de los aspectos que destacan en su quehacer.

Ya puestos a desarrollar esta cuestión, procede –acaso por otra casualidad– insistir en el dato, publicado en FARO DE VIGO, según el cual la primera “víctima” de lo que se ha dado aquí en llamar, desde una opinión particular, subasta, es precisamente Galicia, y para ser exactos, el sur: el Instituto Español de Oceanografía, a cuya sede Vigo aspira desde hace mucho, se quedaría donde está, a causa de la especificación postcongresual del PSOE. Lo que habrá que ver es, por ejemplo, si ocurre lo mismo con el Senado, que lleva donde está desde que se creó y que muchos dan por seguro en Barcelona en plazo breve.

Ese tipo de distinciones, que no serían nuevas, mantienen su condición de poco razonables si lo que se pretende es dar la sensación de que hay equidad, Y tampoco lo sería –razonable– expresar queja acerca de que el IEO siga en Madrid y/o que reclamarlo implique localismos, victimismos y alguna de esas expresiones que usan algunos en Galicia quizá sin darse cuenta de que perjudican a la causa común, que es robustecer el peso, también institucional, de este antiguo Reino. Robustecer y distribuir ese peso, idea a la que determinados poderes –dicen que fácticos: desde un punto de vista particular, ya ni eso– no parecen avenirse. Y eso que en Galicia no hay riesgo de subastas.

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