Metido como está todavía el mundo sanitario en lo que podría llamarse un shock post/traumático, no extrañará a alguien que cualquier cosa que atraiga la atención sobre su actualidad, y suene raro, desate coplas como la archiconocida de Dolores, “la de Calatayud”. Que, en términos políticos, incita a la desconfianza no ya de los orígenes de algunas decisiones, sino de los objetivos que persiguen quienes las toman. No es el caso de la Consellería que dirige el señor García Comesaña quien, como su predecesor y al frente de una plantilla ejemplar de profesionales en todos los niveles han luchado contra el COVID-19 y aún lo hacen.
Cierto que han tenido el apoyo de la gran mayoría de la sociedad gallega y, cuando lo han solicitado, el del sector privado. Pero todo ello, que supone un mérito extraordinario, no impide la extrañeza de algunas decisiones recientes que, vistas desde fuera y en opinión particular, parecen tomadas antes por un estado de necesidad aguda que con la sensatez que ha de primar en quienes tienen a su cuidado la Salud Pública. Podrían citarse algunos ejemplos –tampoco demasiados, ésa es la verdad– , con dos especialmente llamativos. Y que ya han organizado revuelo.
El primero, habilitar al personal administrativo del departamento para “cribar” –o preseleccionar– a los pacientes a fin de agilizar los trámites y por tanto la atención. El segundo, aún más llamativo, se refiere al cambio en las normas que hasta ahora regían los conciertos –no se trata de música: son convenios con entidades privadas– cuando se considere necesario por escasez de recursos materiales o humanos y en circunstancias concretas. Queda dicho que la contestación apareció de inmediato en el primer caso y no se precisan profetas del antiguo Testamento para anticipar que será peor aún en el segundo.
La “criba” por administrativos, que carecen de formación específica y no tienen por qué tenerla, provocó una denuncia, después retirada, de los Colegios Médicos de Galicia. Con toda lógica, además: esos funcionarios no reúnen las condiciones necesarias para la tarea que se les pretende endosar. Y es un riesgo para ellos y, sobre todo, para los pacientes. En el segundo ejemplo, rebajar la ratio del personal sanitario o eliminar el requisito de las guardias de veinticuatro horas en un centro concertado tiene más explicación económica que sanitaria, pero a los enfermos no le interesan los números, sino la salud.
Hay una reflexión adicional inevitable. La reforma que planea la Xunta sobre los conciertos con la sanidad privada aparentan cuando menos una mejor situación de costes para el centro, pero ésa no es la función ni del concertador ni de aquellos a los que habrá de atender el concertado. Ítem más: en los tiempos que corren tampoco sería raro que desde la oposición alguien pudiera confundir el culo con las témporas y deducir que la Xunta potencia el negocio sanitario privado. Una conclusión injusta pero habitual, especialmente en la política española, pero precisamente por eso hay que cuidar las apariencias. Es un latazo, pero por si las moscas.
