El escándalo de nuestra justicia

Quienes me siguen en este diario saben que, desde mi observatorio berlinés, me ocupo sobre todo de política exterior y de asuntos que afectan al planeta como el consumismo desbocado, la globalización neoliberal o el cambio climático.

Hay momentos, sin embargo, en que no puedo resistir la tentación de sustraerme a la actualidad política de mi país, y es cuando se produce algún episodio que considero supera lo tolerable por cualquier conciencia democrática.

Y uno de esos momentos tiene que ver con el pacto, por no llamarlo directamente “cambalache”, al que han llegado el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición del PP en torno al nombramiento de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional a fin de superar, dicen, el bloqueo de ese órgano.

Uno de los candidatos nombrados por el PP, Enrique Arnaldo, tiene un currículo profesional que en cualquier otro país democrático, como en el que escribo estas líneas, le inhabilitaría inmediatamente para el cargo: el clamor de los medios sería con seguridad unánime.

No se trata ya solo de la colaboración de Arnaldo con la FAES, la fundación del PP, o los trabajos que facturó su bufete para administraciones gobernadas por ese partido, sino también de una imputación por colaborar con el expresidente balear Jaume Matas en una presunta operación de blanqueo de dinero que quedó finalmente archivada por prescripción de los hechos.

Eso sin hablar de los pinchazos telefónicos del caso Lezo en los que, hablando con el expresidente de la Comunidad madrileña y supuesto líder de esa trama, Ignacio González, el ahora candidato del PP aseguró a su interlocutor estar moviéndose para que el nuevo fiscal “fuese bueno”, es decir favorable a su causa.

El PSOE y, al parecer, también su socio de Gobierno han aceptado el nombramiento tanto de Arnaldo como de la otra candidata del PP, Concepción Espejel, a cambio de que el partido de Pablo Casado no plantee ninguna objeción a los suyos: Inmaculada Montalbán, candidata del PSOE, y Juan Ramón Sáez, considerado afín a Podemos solo por haber sido en su día propuesto por este partido al Consejo General del Poder Judicial.

De la candidata Espejel sabemos que la Audiencia Nacional decidió apartarla, por su excesiva proximidad al Partido Popular, de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel, así como del tribunal que juzgó la caja B de esa formación.

Si el nombramiento de semejantes candidatos al Tribunal Constitucional es lo que el PP entiende por “independencia de la justicia”, a la que se agarra siempre para negarse a la renovación en las condiciones actuales del Consejo General del Poder Judicial, ¡que venga Dios y lo vea!

Criticamos diariamente con razón a Polonia por el control que su Gobierno ejerce sobre los jueces, pero aquí tenemos una justicia en buena parte politizada y una oposición que se niega empecinadamente a obedecer el mandato constitucional porque los jueces que nombró en su día parecen darle resultado.

Y todo ello –y esto es lo peor– sin consecuencias políticas negativas para ese partido y en general la derecha, como parecen indicar las encuestas de intención de voto.

El colmo lo tenemos ahora en este trapicheo que deja a una institución clave del Estado más tocada que nunca y demuestra que nuestros partidos piensan solo en sus intereses más estrechos y no en la salud democrática del país.

Que un diputado como el socialista Odon Elorza sea apartado por los suyos del debate final en el Congreso por poner en duda la idoneidad del candidato del PP y que, después de todo, se resigne a seguir, aunque sea “con la nariz tapada”, como él mismo confesó, la disciplina de voto del PSOE, resulta bochornoso.

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