La liturgia de los presupuestos nos acompaña otra vez. El gobierno responsable loa las novedades y los grandes avances; y los partidos en la oposición reniegan con gesto teatral y anunciando el inevitable voto en contra; en algunos casos incluso sin que haya dado tiempo para analizar, siquiera someramente, el documento. En paralelo, muchos analistas se afanan a hacer lo propio en los medios de comunicación.
Me temo que la realidad tiende a ser más aburrida y menos extrema. La inercia presupuestaria manda: la mayor parte, por encima de las cuatro quintas partes de la mayoría de los presupuestos en todos los niveles de gobierno, ya está comprometida por decisiones del pasado. Sueldos de empleados públicos, intereses de la deuda, pensiones y prestaciones, contratos de aprovisionamiento e inversiones plurianuales…
El dinero que se puede asignar libremente se reduce a una fracción menor del presupuesto. Es como un gran barco con un timón pequeño, que exige mucho tiempo para que el cambio de rumbo se note de forma significativa. Es en este contexto de cambios marginales en el que hay que evaluar un presupuesto. Por eso es muy difícil de entender que el maravilloso presupuesto que presenta un gobierno en el año t se convierta en inasumible y horroroso, merecedor del más indigno suspenso, en el año t+1, cuando se pasa a ser oposición. Y viceversa.
Los Presupuestos generales del Estado PGE-22 no se escapan de esta lógica. No son unos presupuestos muy expansivos ni manirrotos como dicen algunos, pero tampoco son los presupuestos de una nueva era. A mi juicio, son, más bien, de transición hasta 2023. Entonces veremos el efecto de cambios tributarios sustanciales, al abrigo de la reforma fiscal que se concretará en 2022 y tendrá que comenzar el ajuste fiscal, con el retorno de las reglas fiscales comunitarias.
Mi mayor preocupación respecto a esos PGE-22 son el aprovechamiento de los fondos NEXT Generation EU (dando por supuesto que cumpliremos con las condiciones para recibirlos) para el impulso de proyectos realmente tractores y transformadores; y el análisis de los efectos finales de medidas bienintencionadas pero que pueden generar problemas inesperados en el ámbito de vivienda, cultura o protección social. Es fundamental que evaluemos pronto los efectos para que la inercia presupuestaria no nos impida probar con otras fórmulas alternativas de apoyo a esos sectores y colectivos en 2023
Respecto a los PGE-22 en Galicia, sintetizo mi análisis en una frase. En los últimos 15 años somos una de las Comunidades Autónomas mejor tratadas en términos de inversión territorializada en los presupuestos del Estado; y 2022 no es una excepción.
*Director de Gen (UVigo)
