Está visto, y probablemente más que demostrado, que entre los varios acuerdos “de Estado” que se echan de menos en este país, uno de los importantes es el llamado Pacto Local. Es “el otro”, el que a nivel de Galicia logró en parte el entonces conselleiro del Bipartito, Méndez Romeu, y que no llegó a donde debería ni duró lo que se necesitaba. Un daño directo de la falta de voluntad colectiva, además de la propia dinámica interna de aquella Xunta, que pareció dos gobiernos antes que una coalición. Y que acaso por ese motivo cumplió solo una legislatura, entre 2005 y 2009.
Ahora, aunque sea por una circunstancia tan terrible como la de la pandemia, se puede retomar el asunto. Y es que, después del COVID es obvia la urgencia de que Xunta y concellos aclaren, y coordinen mejor, sus respectivas competencias. El quid de la cuestión del retraso no es tanto la diversidad de opiniones cuanto –como casi siempre– la necesidad económica. Los municipios quieren concretar cuáles son sus tareas “impropias” que han de prestar a fin de recibir fondos para su atención. Pero, si hay cordura, lo lógico será esperar una solución cuanto antes.
El recuerdo de esa necesidad acaba de reabrirlo el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Primero cuando habló de que los concellos venían a ser un “cajón de sastre” para los deberes que nadie quiere asumir y, después, al exponer la urgencia de un Pacto sobre el agua, perentorio a la vista de los datos sobre una futura ley de la Xunta y la fecha concreta en que se esperan efectos más graves del cambio climático. Que no son para el siglo que viene, sino para mucho antes: al final del decenio próximo. Casi ahí mismo, como quien dice.
Ahora mismo, hace apenas horas, el señor Varela, presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía de Arousa reclamaba, en relación con el agua, otro pacto. Para anticiparse a la escasez posible, mejorar los servicios de abastecimiento y llevar a cabo las obras necesarias: justo lo que la Xunta quiere con su anunciada ley. Pero no estorba el recordatorio ni lo que don Alberto reclama: diálogo para conseguir entre todos lo que a todos conviene. Y hay tiempo, aunque no sobra: la mejor oportunidad sería el debate parlamentario del proyecto gubernamental.
El problema para esos pactos, el del agua y/o el de concellos y Xunta, es que todos los predican pero nadie quiere que nazcan o, si se consigue, son casi imposibles de aplicar porque al mismo tiempo en que se firman empiezan las interpretaciones diferentes. Y podrá argumentarse en contra de esta opinión, pero los hechos son tozudos y demuestran que aquí, en la política gallega como en la española, unos dicen que “no es no…” y otros que “sí, pero…” y todos actúan para salirse con la suya con independencia de los documentos que incluso rubrican. Y esperar que eso cambie es como aguardar que llueva en el desierto: pedir un milagro o una casualidad climatológica. Y de eso, en política, hay poco.
