El Parlamento no puede estar mudo. Nunca

Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la justicia, la libertad y el pluralismo político. Lo dice la Constitución en su primera frase. Sobre ellos se construye todo lo demás Ante el cierre de las Cortes Generales del Estado no cabe otra respuesta que la que ha dado el Tribunal Constitucional. Solo el pueblo español, en el que reside la soberanía, decide el alcance del pluralismo político que se refleja en las cámaras de representación para que participe en la toma de decisiones y controle la acción de gobierno. Por lo tanto, imponer el cierre de las Cortes, aunque sea temporalmente, implica, como dice el Tribunal, impedir la participación política.

Desde el Gobierno se insiste en que hay que tener en cuenta las circunstancias y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que el Congreso continuó con sus tramitaciones durante los 18 días hábiles en los que se obligó a cerrar las puertas del edificio de la Carrera de San Jerónimo.

Pero el problema no es ese. Todos entendemos las circunstancias y la necesidad de atender a criterios clínicos en una situación de pandemia, sobre todo cuando en el entorno hay varias personas infectadas. El problema es la prepotencia de un Gobierno que se considera con legitimidad para imponer una medida así. En su interpretación de la democracia, el Gobierno entendió que cerrar el Congreso de los Diputados se hacía con las mismas formalidades con las que se precinta una discoteca o un edificio que amenaza con derrumbarse. O peor, porque en esos casos, la Policía o el agente gubernamental que tome una decisión de urgencia sabe que tendrá que ampararla judicialmente. Pero si es un ciudadano el que pretende precintar una comisaría o un edificio gubernamental, la cosa se complica mucho. Aunque existan razones, con sus matices, para solicitarlo.

Y este es más bien el caso. El Gobierno ordenó el cierre de la instancia que está por encima de él, y a la que corresponde designarlo y controlarlo. El poder Ejecutivo decidió suspender (o al menos limitar) al poder Legislativo, y para hacerlo ignoró al poder Judicial. Como cuando impuso el estado de alarma para someter a una decisión a la totalidad de la población, es decir, a la soberanía popular que eligió al Parlamento que, a su vez, eligió al Gobierno. Es una descripción de una realidad que, vista así, nos da una medida de su prepotencia y falta de respeto a la democracia.

Lo peor es que, tras una decisión de este tipo, subyace esa superioridad con la que Gobiernos elegidos modifican las reglas del juego porque consideran que ni el sistema ni los ciudadanos están preparados para afrontar sus “verdaderas necesidades”. La prepotencia y condescendencia de los gobiernos conduce a las dictaduras.

¿Y si lo hubieran hablado? ¿No merecía consenso una decisión de este tipo? Probablemente bastaría con que hubiesen sentado en una mesa (o convocado por videoconferencia) a jueces y a diputados y senadores de otros grupos y hubiesen dicho: “señores y señoras, las autoridades sanitaras nos recomiendan que no tengamos contacto físico durante un tiempo. ¿Qué les parece si, como le hemos pedido a la ciudadanía, tratamos de hacer que todo siga funcionando, pero lo hacemos desde casa y dispuestos a tele-trabajar y reunirnos por videoconferencia cuando sea necesario? Pero, eso sí, con las puertas de la soberanía abiertas de par en par, aunque, por precaución y durante el tiempo necesario, nadie las atraviese físicamente.

*Senador del PP

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