A estas alturas, y tal como están las cosas, más extraño aún que los profesionales del oficio político lleguen a acuerdos es que muchos de los media lo reconozcan y lo elogien. Probablemente parecerá una boutade y habrá que pedir disculpas a quien se sienta aludido, pero no hay mala intención; si acaso cierta desesperanza por casi todo lo que se refiere al mundo de la pesca. Especialmente en Galicia, donde al descuido –podría definirse con palabras más duras, pero no se trata de eso– permanente de los gobiernos para con el sector lo han llevado al borde de la desaparición, desde luego cerca de la ruina a las empresas.

(Y también a los buques y sus tripulaciones, que aún conservan la bandera, tras una batalla judicial con el Reino Unido hace años y que, tal como van las cosas tras el Brexit, es posible que se repita. Sobre todo si Londres se vea abocado a restringir las capturas en sus aguas a quienes faenen sin el distintivo de la Union Jack. Mientras, aunque resulte raro, varios “expertos” discuten que exista una crisis en el sector: da la impresión, desde fuera, de que se cumple aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y aquí no falta ese tipo de padecimiento.)

Lo peor, quizá, es que no hubo reacción seria cuando, hace bastante, la pesca española –con la gallega, como ahora, en vanguardia– era expulsada de caladeros históricos, desde el de Boston hasta el del Sahara, pasando por las aguas de soberanía namibia o mozambiqueña. Nadie espabiló ante la Unión Europea, cuando se firmaron acuerdos con Marruecos que, con el pretexto de mantener a los buques peninsulares en sus aguas, se hicieron concesiones excesivas auspiciadas por Francia, que puso a salvo s intereses, por si acaso y como ha sucedido casi siempre.

Ahora, el Tribunal europeo anula los tratados vigentes y la perjudicada principal de entonces, que era España, sigue en el punto de mira de Rabat. Y eso sin que el Gobierno español haya dicho ni pío, quizá ocupado con la preparación urgente de una ley sobre la salud síquica. Y no conviene olvidar lo del fletán –especie de valor comercial descubierto por la pesca española– o la “guerra” con Canadá y sus pintorescas teorías sobre la trayectoria vital de la especie. Y ahora el caladero del Atlántico Sur pende de un hilo muy fino. Y además muy caro.

Dicho todo lo anterior –desde una opinión personal, por supuesto, pero citando hechos– hay que añadir que a la retirada general que en materia extractiva parecen haber tocado las trompetas de algunos responsables del ministerio, se acerca el turno de un sprint, en la misma dirección, para la industria transformadora. Varias firmas conserveras están ya en manos foráneas –lejanas o próximas, pero no gallegas–, y otras aparentan in articulo mortis, destinadas a una especie de desguace. Por ejemplo Pescanova, acerca de la cual daba noticia este periódico hace muy poco, cuyos ejecutivos intentan seguir troceándola para venderla mejor, con riesgo de desaparición de lo que un día fue referencia mundial del sector pesquero e industrial español. Y todo sucede sin que alguien haga algo efectivo para impedirlo. Lo habitual, mientras el desguace se completa.