Hay quien, ante la escasez de buenas noticias, convierte las perspectivas favorables en hechos casi consumados o las transforman en ilusiones sólidas. Y no siempre es así, como saben de sobra y por desgracia, los habitantes de este antiguo Reino. Por eso se ha acogido aquí con solo alguna atención el expediente europeo para anular la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, aunque pueda suponer sanciones económicas para España y en todo caso aguarde un presumiblemente largo camino judicial. Pero abre nuevas expectativas de gratuidad: menos da una piedra.
Dicho eso, conviene añadir la esperanza por la invitación del presidente Feijóo a seis de sus colegas autonómicos para articular, o intentarlo, una estrategia común ante la reforma de la financiación autonómica. Que no se sabe si se abordará pronto o se retrasará, porque el caos contradictorio en que vive este Gobierno hace difícil fijar fecha: la ministra de Hacienda dice que “ya”, y la de Economía que “dentro de unos años”. Lo único que muchos dan por probable es que si no hay elecciones generales antes, la desigualdad aumentará en el mapa actual del Estado.
A fuer de sinceros parece oportuno exponer un punto de vista no demasiado alentador acerca de la cita que el señor Feijóo fijó en Santiago para finales de octubre o en el inicio de noviembre. Tiene razón el presidente al insistir en que “no es cuestión de colores”, pero pesan, y hay más razones para desconfiar en el resultado final. La primera, que los invitados apenas representan al 25 por ciento del censo, y el peso que aporta la cifra no es decisivo. La segunda, que hay un argumento difícil de discutir, que es el de que “a mayor población, más dinero”. Es lo que alegan muy potentes autonomías que suman mucha más gente.
Lo que se va a necesitar para llegar a la justicia distributiva y a la solidaridad constitucional es que el “frente mediterráneo” –que puede incluir a Andalucía– acepte los matices que reclaman los demás: la dispersión y la alta media de edad de sus pobladores. En todo caso, lo más significativo como ya se dijo, es la reacción de Galicia y su Gobierno ante el reto de lograr un sistema de financiación autonómica más ajustado y, sobre todo, más trasparente que el actual, al que por cierto le pasa lo mismo que al Consejo del Poder Judicial: lleva prorrogado demasiados años.
En lo que respecta a “lo” de la AP-9, el expediente europeo no hace sino echar aún más leña a un fuego que parece inextinguible. Entre los peajes –rebaja o anulación–, la competencia –Estado o Xunta– y el bochornoso batiburrillo de que en Madrid unos voten cosas diferentes a las que votaron en Galicia y otros le añadan texto –el PSdeG dijo aquí “sí” al traspaso a la Xunta, y allí solo a la gestión, y el PP endosó los gastos al Estado, sobre lo que el PPdeG no había abierto la boca–, lo único que ahora mismo hay seguro es que los paganos –léase usuarios y usuarias– van a seguir pagando para hacer el negocio de Audasa aún mejor. Y eso necesita también una reacción, pero en serio.
