A estas alturas, muy pocos de los muchos que hablan con cualquier trabajador de las factorías emplazadas al cierre o a una venta desesperada a los buitres de algunos fondos de inversión son capaces de ver cercana una solución. Y no porque no exista, sino porque una serie de circunstancias –y de intereses– la complican aún más de lo que per se supone hallarla. Por eso la apelación del presidente Feijóo a la ministra de Trabajo para que “salve” 16.500 empleos es un auténtico SOS, el mensaje de socorro que se envía como último recurso de salvación: Save Our Souls, “salvad nuestras almas”. Y, si se puede, también los cuerpos.

Ocurre, en este caso –desde una opinión personal, claro– que el remitente yerra al dirigir su mensaje a quien ha demostrado ya un cierto desinterés por los asuntos que no contribuyan a llevarla lo más alto posible en política. Y que, como gallega que es, sabe de sobra que resolver problemas sólo aquí no aporta –por desgracia– demasiado a ese objetivo, sobre todo si supone diversificar los esfuerzos y debilitar los precisos para tareas que, en otros lugares, sí suponen más volumen en el currículum. Por eso libra “guerras” como la del SMI y elude batallas en pro de los empleos.

No es una cuestión de origen, simpatía o inquina hacia doña Yolanda. Ni tampoco de discutir la exactitud de su despiadada frase relativa a la plantilla de ENCE –“no es asunto de mi competencia”, le atribuyen–, sino de sensibilidad social, laboral y política. Y, en definitiva, de autoridad moral para intervenir cuando la conciencia dicta una conducta al servicio de la razón y no de la letra del manual de obligaciones. Y la ministra, por ahora y desde la óptica particular de quien escribe, no lo hace. Aunque tiene la disculpa de que esa conciencia no se hereda.

Expuesto todo lo anterior, urge también que alguien convenza al presidente de la Xunta de que cuando otros tienen, en el mismo marco, diferente trato, o más competencias en su Estatuto, la obligación de un gobernante no es sólo denunciarlo en público, sino hacer lo posible por lograr la igualdad que se reclama. Y ha de hacerse ante quienes velan porque no se produzca injusticia, y frente al déficit de competencias, ejerciendo al límite las que se tienen y reclamando, dentro del marco constitucional, aquellas de las que ya disponen otros desde hace años.

Es evidente que, al paso que marca este Gobierno de coalición y sus socios de conveniencia, la vía estatutaria –ampliada, aunque sea con fórceps– para dar a algunos gran parte de lo que exigen y así buscar salidas será en donde se libren las futuras batallas o escaramuzas, depende de cómo se mire. Y en ellas no puede estar ausente, de manera alguna, Galicia como nacionalidad histórica. Y menos todavía como poseedora de un tesoro que, si ahora no se valora, puede que pronto sí: la fórmula según la cual una comunidad puede ser diferente de otras y fiel a sí misma sin necesidad de separarse de las demás.