Lo malo de las buenas ideas, en este país, es que hay pocas y, lo peor, que casi nunca se aplican. Desde el pesimismo –que, dijo el sabio, no es otra cosa que optimismo bien informado– podría añadirse a la ley de Murphy un grado nuevo en el empeoramiento: lo “horrible”. Y, acaso por casualidad, también es propio de lo carpetovetónico; consiste en aplicar las iniciativas positivas, pero al revés. Los escépticos –siempre a medio camino de la realidad–, dicen que “es la vida”. Seguramente aciertan, pero ojalá no pase, al menos esta vez, con la idea de la señora conselleira Quintana.
Y es que doña Rosa ha lanzado al escenario una propuesta seria que no solo plantea medidas para la defensa de lo suyo, que es la pesca gallega, sino en la mejor línea de lo que ha de ser una auténtica política común. Pretende una global –es hábil, y emplea el término “gobernanza” respetando el copyright– para velar por los intereses europeos frente a terceros y prevenir cuotas “excluyentes” que perjudiquen a los socios de la UE. Lo que supone una aportación no solo útil a la PPC actual, sino necesaria y, por ser aún más exactos, del todo inaplazable.
Dicho lo anterior, y siempre desde la opinión personal, la idea de su señoría, de aplicarse, incidiría también –haciéndola más realista y “templada”– la creciente tendencia de algunos países de la Unión para anteponer lo “verde” a lo humano, cuando cualquiera, desde la sensatez, sabe a estas alturas que ese no es un binomio contradictorio, sino al contrario: no existirían pescadores sin peces pero la desaparición de los primeros rompería el equilibrio natural de las especies. De lo que se trata es de compaginar lo compaginable eliminando egoísmos “patrióticos”.
Siempre desde una óptica particular, la idea de la señora Quintana supone también, si se sabe leer a fondo, una crítica hacia aquellos que, valorando las coyunturas electorales más que el interés general, legislan a plazo corto. O dicho de otro modo, aparentan defender hoy lo que crece en las urnas –el ecologismo– a causa de lustros de errores anteriores, pero solo desde la coyuntura, sin fijar criterios duraderos de defensa global mediante una política colectiva. Hay, en la propuesta, mucho de lo que ha de considerarse norma básica del buen gobierno: sosegar a los gobernados resolviendo sus problemas con mirada larga.
Ya puestos, la idea de la responsable de la pesca gallega dinamizaría –al menos eso– la reconstrucción de una auténtica política de atención al sector en sus terrenos extractivo e industrial, tan necesaria en España desde hace demasiado tiempo, y colocaría en primer plano la urgencia de otra, nueva y auténtica, para Europa, aquejada la actual de un notable déficit de equidad hacia los socios en beneficio de terceros, acaso por el hecho, ya denunciado varias veces, de que muchas de las necesidades pesqueras de la Unión se resuelven por quienes, en competencia ilícita, bajan los precios y no cumplen la legislación auténticamente protectora. Eso hay que cambiarlo, y sería estupendo que la reforma llevase firma gallega: se la merece.
