Uno de los datos que más debería llamar la atención de sociólogos, políticos, sindicalistas y empresarios es la persistencia de la llamada “brecha salarial” entre hombres y mujeres. En Galicia es algo más que eso: con casi 18.000 euros anuales –cifra que acaba de publicar FARO DE VIGO– de diferencia en algunos sectores podría, para ser del todo exactos, denominarse “abismo”. Y que implica algo todavía más grave: que aquí el principio de “a igual trabajo, igual salario”, que cualquiera con dos dedos de frente ha de aceptar por sentido común, ni se aplica ni se le espera. A pesar de lo que algunos predican de realizar “política social avanzada”.
Así las cosas, y ahora que las vacaciones remataron para la gran mayoría, es tiempo de reclamar que se impida que esa brecha siga. A los legisladores, que aprueban normas confusas o no son capaces de aplicar tal como las que no lo son, siquiera para eliminar excusas que hacen permanente esa desigualdad. Excusas, por cierto, que no se basan en el antifeminisno –lo que sería aún más inadmisible–, sino sencillamente en razones económicas: así se ahorran dinero no pocos de los empleadores y se incrementan sus beneficios. Y en estos tiempos de crisis económica anunciada esa “tentación”, por llamarle de algún modo, aumenta,
La primera reflexión ha de ser por tanto para esos empleadores que, en definitiva, son los que pagan los salarios, parte de las cotizaciones, etcétera. Y que funcionan desde la óptica del mercado que será favorecida tanto más cuanto, en un momento delicado, menos sumen los gastos de producción y los costes sociales. En ese panorama, las mujeres tienen aún pendiente otra batalla: integrar sus reivindicaciones específicas, empezando por la de la igualdad salarial, en las agendas y prioridades de los sindicatos. Que las declaran así, pero que a la hora de la verdad tienen otro orden de urgencias que encabezan el IPC y el aumento salarial.
Conste, y es importante que se deje claro, que no hay la menor intención en el punto de vista que se expone de sugerir que el sindicalismo español es “machista”. Cierto que en algunos casos lo evita no tanto por su defensa de la equiparación cuanto por su ideología –coincidente en muchos puntos con parte del feminismo–, pero no se puede negar que una buena proporción de avances en el terreno laboral conseguidos ya por las mujeres han tenido base en las centrales. Una labor que no se ha terminado ni mucho menos, y no solo en el área salarial: también está pendiente la de las categorías laborales, algunas pensadas desde la discriminación.
Expuesto todo lo anterior, resulta indiscutible que los gobiernos, y en el caso gallego la Xunta, pueden y deben multiplicar no solo su atención a las garantías legislativas que han de completarse, sino al control de que las que ya existen se sigan. Sería injusto, y absurdo, negar los avances de todo tipo que se han logrado aquí en todos estos años de democracia, pero aún existe margen de mejora. También en el campo de la formación profesional, porque se da la paradoja de que mientras en las universidades en general, las alumnas superan en número a los alumnos, no se puede decir estadísticamente lo mismo en la FP, al menos según algunos estudios. Y para acabar con el abismo salarial hay que empezar por eliminar la idea de que “hay empleos para mujeres” y otros “para hombres”. Y esa es otra brecha que, desde una opinión personal, es obligado cerrar.
